El talón de Aquiles, la gran debilidad de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales a la segunda vuelta, es su casi total silencio ante el problema más grande que les va a tocar enfrentar que es el enorme déficit fiscal. Cepeda ha propuesto un camino posible, que es el Pacto Fiscal, pero todavía no hay detalles de cómo se haría. Las propuestas de los otros candidatos son más gaseosas o irreales.
Son conocidas las cifras del déficit fiscal y la deuda pública: se estima que el primero estará por encima del 6% del PIB (más de $120 billones), y la deuda pública superará el 60% del PIB.
La regla simple de la sostenibilidad de la deuda es que la tasa de interés real que se pague por los préstamos no debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la economía, lo cual depende de la confianza que tengan los prestamistas en la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.
Ese es el problema de Colombia: que el déficit fiscal ha crecido y no hay expectativas de que se vaya a reducir, lo cual ha elevado las tasas hasta los altos niveles del 14% anual que se está pagando por los TES. El problema se puede agravar pues puede llevar a que ningún prestamista quiera prestar plata a Colombia a ninguna tasa de interés.
La falta de recursos puede impedir realizar todos las propuestas de campaña de los candidatos: ¿de dónde va salir la plata para pagarlos? Petro tuvo la posibilidad de usar recursos de crédito para sus programas sociales, pero esa ventana se está cerrando y cada vez será más difícil y más costoso conseguir quien nos preste.
Todas las propuestas implican un aumento del déficit fiscal, para ampliar los programas sociales de protección y ayuda a la población más pobre o para reducir los impuestos. En las circunstancias actuales ninguna de las dos alternativas es posible. Cualquier candidato que prometa que no va a subir los impuestos o está mintiendo para ganar votos o no entiende la situación fiscal.
La única salida posible es la pirinola mockusiana del “Todos ponen”: un esfuerzo colectivo de todos los actores económicos donde cada quien (incluyendo al Gobierno) esté dispuesto a ceder un poco de sus intereses particulares en aras de lograr ese interés colectivo que es la sostenibilidad del Estado de Derecho.
Esa es la relevancia de un Pacto Fiscal como el propuesto por Cepeda, que debe ser uno de los temas prioritarios del Acuerdo Nacional: “Un pacto fiscal, cuyos alcances y condiciones podrían ser dialogados y convenidos entre los gremios y grandes empresarios, la junta directiva del Banco, y el nuevo gobierno”.
Para que sea posible se debe dejar de lado la receta neoliberal de solo recortar el gasto y achicar el Estado, pero también tomar distancia de la forma como este gobierno ha manejado las finanzas públicas al final de su período.