Los acuerdos de 2016 no nacieron de un consenso: nacieron de una imposición. El pueblo colombiano votó NO, y aun así el Gobierno de turno decidió seguir adelante como si nada. Renegoció a puerta cerrada, ignoró el mandato popular y refrendó el texto por el Congreso vía fast track, un término que ni siquiera existe en la lengua castellana, pero que parlamentarios constreñidos le dieron valor procesal. Fue un mensaje brutal: la voluntad ciudadana es opcional, cuando estorba, al poder popular se le puede desconocer. La Constitución Nacional no solo fue violada, también prostituida. Desde ese día, la paz dejó de ser un pacto y se convirtió en un decreto sin valor, respeto, ni respaldo popular.
De ese pacto distócico nació un aborto: la JEP, instrumento sesgado, inclinado hacia una ideología que le priva de neutralidad; prometió verdad y reparación, pero lo que ha entregado es un espectáculo de lentitud, privilegios y decisiones que aparecen justo cuando más conviene políticamente a una determinada corriente ideológica, el país entiende el mensaje: la justicia está politizada. Y mientras las víctimas siguen esperando respuestas, los excomandantes de la narco-guerrilla reciben permisos para viajar al exterior; en contraste, despliega una inclemente persecución contra los miembros de las Fuerzas Armadas de la República, que cumplieron con su deber constitucional combatiendo a riesgo de su propia vida la criminalidad de los alzados en armas. La paz no puede construirse ignorando un plebiscito. No puede sostenerse sobre instituciones que avanzan deliberadamente a paso de tortuga y fallan en momentos oportunos. Por eso hoy -una década después- el país sigue polarizado, las disidencias crecen, la JEP lucha por credibilidad y pierde legitimidad, mientras los ciudadanos se decepcionan. Sus magistrados por dignidad deberían renunciar.
La jurisdicción encargada de hacerlos cumplir no ha mostrado el menor esfuerzo, en que los responsables de crímenes de lesa humanidad -campos de concentración, asesinatos y masacres- paguen así sean mínimas penas. Les tienen preparada una deliciosa ensalada, pagarán con una misión social: adoctrinando menores en las escuelas y campesinos en las veredas. Por eso, casi 13 millones de ciudadanos elegimos a quien representa nuestra intima convicción de que la JEP debe desaparecer. No es un delito, es un mandato popular.
La distancia también es una barrera empresarial
Andrea Piña GómezLa falta de una motivación en la denuncia contra Abelardo De La Espriella es otro síntoma de un sistema tan ideologizado que es incapaz de leer en perspectiva la realidad. La verdad es incómoda, pero inevitable: la paz que se impuso sin pueblo, nunca será la paz que el pueblo defienda. Lo demás es administración del conflicto, maquillaje institucional y discursos para la galería. Con una paz hecha a la medida de unos pocos, lamentablemente la guerra se perpetuará.
*Psiquiatra.