La mejor manera de acabar con las fotomultas no es quitar las cámaras, es cumpliendo las normas por las que se imponen. Las fotomultas son un enorme problema nacional. Según datos del Simit, el año pasado se impusieron en el país 3,5 millones de comparendos originados en las cámaras de foto-detección, y en los primeros 7 meses de este año ya van 1,85 millones.
Una percepción equivocada es que la mayoría de las fotomultas son por exceso de velocidad. Es cierto que se deben revisar normas absurdas como el límite de 50 km/hora en todas las vías urbanas, aún en aquellas autopistas urbanas con 6 o más carriles y puentes peatonales, pero ese no es el principal problema de las cámaras.
En una ciudad como Cali las multas por exceso de velocidad son solo el 5% de los comparendos impuestos por las cámaras. El mayor número de multas corresponde a vehículos que circulan sin revisión tecno-mecánica (RTM: 37%) o sin SOAT (35%); en otras ciudades la proporción de multas por SOAT o RTM es mucho menor, pero no porque haya menos infracciones, sino porque las cámaras no están calibradas para detectarlas.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en este tema es el del tipo de vehículo que comete la infracción. En el país, las motos recibieron el 56% de los comparendos, y en Cali, el 75%. Esta gran cantidad de comparendos a las motos es la consecuencia de dos graves problemas ya muy conocidos: uno, que son muy numerosas las motos que circulan sin esos dos requisitos; y dos, que un número considerable de motociclistas no respetan las normas básicas de transito como los semáforos, los límites de velocidad, etc. Por eso el 53% de los fallecidos en accidentes de tránsito y el 70% de los lesionados son causados por las motos.
La dimensión económica de las fotomultas es cuantiosa. Con un valor promedio de $600.000 por comparendo, esto significa que el año pasado se impusieron multas por $2,1 billones. Ante esa cantidad de plata se dice que es un gran negocio para los municipios, y se propone que hay que controlarlo porque es una carga muy onerosa para los ciudadanos. Eso intentó el anterior gobierno, y el nuevo va por el mismo camino.
Querer resolver este problema eliminando las cámaras es una posición demagógica y populista, tan irresponsable como la de los vándalos que aprovechan cualquier desorden en la ciudad para destruirlas. Es como si la DIAN ante los $60 billones que le deben los deudores morosos decidiera eliminar sus mecanismos y programas de control, porque esa deuda es muy onerosa para los contribuyentes.
El sistema de fotomultas debe revisarse y mejorarse; se pueden disminuir algunas multas, revisar límites de velocidad o ampliar los períodos de gracia para el SOAT y el RTM, pero eliminarlas es premiar el incumplimiento de las normas de tránsito. Y la consecuencia se mide en vidas perdidas.
*Economista.