La nueva administración del presidente Abelardo De La Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas, sino desbarajustadas. Recibe una verdadera bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del Gobierno Petro por el crecimiento desbordado del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.
Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente, un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.
El llamado ‘Presupuesto de la Verdad’, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, equivalente al 29,9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575,6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en que el proyecto presentado por el exministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores claves como la salud, las pensiones, la educación superior, los subsidios de energía y el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles”.
Del total presupuestado, el 62% se destinará a funcionamiento ($392,5 billones), el 24% al servicio de la deuda ($155,4 billones) y apenas el 14% a inversión ($86,9 billones). Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315,1 billones (49,6%), recursos de capital (préstamos) $287,7 billones (45,3%), fondos especiales $20,7 billones (3,3%) y contribuciones parafiscales (11,4 billones (1,8%).
Estas cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado, por aquello de que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.
El presupuesto dejó de ser principalmente un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas en el pasado. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana. ¡Así de claro! Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro, recurriendo a la figura del ‘jineteo’ bancario.
La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno Nacional tiene que recortar sus programas de inversión.
El primer deber de la nueva administración es decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.