El desenvolvimiento de las gestiones directas de paz con las Farc desnudó la predisposición del gobierno para aceptar sus imposiciones. De alzados en armas, culpables de crímenes de lesa humanidad y responsables de asesinatos, secuestros, daños a la infraestructura del país, tráfico de drogas, siembra de minas quiebrapatas, usurpadores de tierras y tantas otras sindicaciones que le hiciera el presidente Santos, pasaron a ser pares del Gobierno en las conversaciones de La Habana, y, peor aun, a fungir como determinadores del rumbo de las negociaciones y de sus resultados. En otras palabras, nos dejaron la sensación de que el acuerdo que se logré será el que las Farc impongan.
Por eso, la inesperada reacción del presidente Santos ante la pausa impuesta por la guerrilla, para muchos colombianos ha significado un manotazo en la mesa que traduce que, ¡al fin!, Santos pensó en la dignidad de los colombianos y en que es el Gobierno quien debe dictar los términos de la negociación y sus tiempos, no los altaneros insurgentes.
Desde Oslo el gobierno lució tímido ante la arremetida del vocero de la guerrilla, salida del marco protocolario pactado. De allí en adelante a cada nueva rueda de conversaciones en La Habana la arrogancia de los insurrectos creció y con ellas sus exigencias y manifestaciones contrarias al pensamiento de la mayoría de los colombianos, pero todas demostrativas de que se sienten que pueden imponer sus pretensiones y ambiciones.
En La Habana el gobierno colombiano obra como arrinconado y dispuesto a ceder a cambio de que las Farc firmen cualquier papel de un acuerdo para cesar la insurgencia guerrillera. No importa que sea sin pago de penas, no importa que a las Farc se le atribuyan privilegios contrarios a cualquier sana democracia, no importa que se les otorgue el status de clase política eminente que no necesita votos para llegar al Congreso, para contar con cadena propia de televisión pagada por los colombianos y otras innúmeras prebendas que los volverían una verdadera aristocracia política con dominios propios y cuotas seguras de poder sin necesidad de contar con respaldo popular. Es decir, una nobleza política que ganó, con méritos dados por el crimen, derechos superiores a los reconocidos a los colombianos pacíficos.
El presidente Santos da muestras de tomar conciencia de lo que pasa y ojalá que esta reacción no sea seguida de una rápida y contrita retractación por órdenes de Nicolás Maduro, quien parece ser el jefe real de la diplomacia colombiana y mentor de ambos bandos en las conversaciones de La Habana, casi como si se tratara de un soliloquio.
Pronto sabremos si JMS traduce Juan Manuel Santos o Juan Maduro Santos.
h.hernandez@hernandezypereira.com
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