Mientras en Cartagena andamos preocupados porque supuestamente le van a quitar el reinado a Raimundo, varios líderes comunales han denunciado amenazas de muerte en su contra por el “grave delito” de resguardar los derechos de las mayorías por encima del suyo propio.
Siempre ha sido y seguirá siendo difícil --y hasta ingrato-- trabajar por la defensa de los derechos de la gente. Pero ahora lo es mucho más, porque cualquier intento de alzar la voz para rechazar injusticias es acallado a punta de plomo por manos oscuras que raras veces las autoridades logran identificar.
Según la Defensoría del Pueblo, desde 2016 hasta esta parte, casi 300 líderes sociales han sido asesinados en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, territorios que los habitantes de la Región Caribe tal vez estábamos sintiendo lejanos de nuestras sensibilidades, pero empezamos a percibirlos cercanos cuando exterminaron a balazos a un dirigente cívico que no permitía vender estupefacientes en su barrio de las afueras de Cartagena; o como cuando escuchamos el audio de un criminal amenazando de muerte a una profesora en San Pablo, sur de Bolívar.
Gracias a la profusión con que los medios masivos de comunicación y las redes sociales propagan este tipo de hechos, daría la impresión de que es un fenómeno nuevo en la historia de nuestro país, pero la verdad es que desde siempre sembrar el miedo, a través de la violencia, ha sido la táctica de quienes pretenden que el orbe permanezca como un valle del silencio en donde esbozar la más mínima palabra sería casi como firmar una sentencia de muerte.
Ellos también tienen miedo. Temen que las cosas algún día cambien, pero a favor del sentido común. Temen que en cualquier momento los desarmados los enfrenten con su voz como única espada, para informarles que ya nadie tiene miedo y que si su única forma de responder a los cuestionamientos es disparar una pistola, entonces tendrán que hacerlo hasta destrozar las vidas de más de 50 millones de ciudadanos hastiados de la barbarie y la prepotencia sanguinarias.
Casi 300 líderes sociales masacrados desde 2016 es más que una cantidad escandalosa en los anales de la Defensoría del Pueblo. Debería ser motivo más que suficiente para que el Estado y su fuerza pública tomen el control total de los territorios violentados y arrinconen a los perpetradores para que no sigan llenando de angustia a los colombianos y de vergüenzas la ya maltrecha imagen internacional del país.
Así, matar líderes sociales y después colgarles supuestos vínculos con actividades al margen de la ley, es repetir la crónica de arrasar con gentes que, durante toda la historia de Colombia, lo único que quisieron fue construir una nación más justa en donde todos cumpliéramos la sagrada misión de hacer el bien por encima de los intereses particulares.
“Temen que en cualquier momento los desarmados los enfrenten con su voz como única espada, para informarles que ya nadie tiene miedo (...)”
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