La política antimonopolio despierta emociones fuertes y verdaderas pasiones entre los empresarios de algunos sectores agroindustriales que se sienten perseguidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta investiga a lo que algunos de sus funcionarios llaman “el cartel del azúcar” y parece que prepara otra investigación sobre “el cartel de la palma”. Estas investigaciones giran alrededor de la aplicación de las políticas de franjas arancelarias en esos subsectores y sus fondos de estabilización de precios, creados en la ley 101 de 1993 y sus desarrollos posteriores.
Lo logrado por los dirigentes del sector azucarero con estas instituciones es crear un consenso entre productores y mecanismos para intervenir en los precios y en las cantidades ofrecidas al mercado interno. Pero esto ha estado amparado por el marco legal que dio lugar a estas prácticas. Ellos piensan con orgullo que son un “clúster” bien organizado para maximizar la producción del azúcar sin que sufran sus utilidades; y en la Superintendencia piensan que son un cartel. La Superintendencia le ladra al palo equivocado. Al paso que llevan el que sigue será el “cartel del café’. Si estos dirigentes y sus organizaciones han estado involucrados en prácticas monopólicas es porque las instituciones legales del sector han sido diseñadas para eso. En otras palabras, si hay un cartel del azúcar y otro de la palma es porque existen las franjas arancelarias de la comunidad andina y los fondos de estabilización de precios, y así se previó.
El objetivo legal de estos instrumentos, particularmente el de los fondos, es precisamente “cartelizar” a las empresas del sector. No hay otra forma de entender su función de “hacer indiferente para los productores entre participar en un mercado de altos precios y otro de bajos precios”, lo que restringe la oferta en el mercado local de altos precios que generan un excedente suficientemente alto para que los productores vendan su producción superavitaria exportando al mercado de bajos precios. Y en ambos mercados pueden alegar sin faltar a la verdad que actúan competitivamente.
El problema de no tener en cuenta la institucionalidad de los sectores investigados por la SIP, aparte de poner en la picota pública a sus dirigentes por supuestos crímenes económicos, es que se provocó una reacción apasionada que hace muy difícil discutir reformas a ese marco institucional, , urgentes e indispensables, porque se avecina la aprobación del Pacto Transpacífico (“TPP’ por sus siglas in inglés) y Colombia no puede quedarse por fuera de esta alianza (ver “La Relevancia del TPP, El Tiempo, Julio 5/2015). Como no es viable mantener inalterada la estructura de protección, urge hacer una APP para un estudio serio de cómo desmontar las franjas y reformar los fondos de estabilización o cómo reemplazarlos sin traumatizar producción, empleo e ingresos en las regiones afectadas.
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