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Apagón y violaciones

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

Por: GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

12 de Agosto de 2016 12:00 am

El 28 de agosto de 1998 fueron privatizadas las empresas de energía eléctrica de la región Caribe.

El remedio fue peor que la enfermedad porque hoy en día esta privatización representa un 13,7 por ciento del gasto de la canasta familiar.

La no inversión de la empresa española Gas Natural Fenosa y su empresa Electricaribe S.A.S.P. en el mantenimiento ocasionó el rápido deterioro de las redes y el sistema eléctrico, y las protestas sociales.

Bloqueos de vías y alzamientos ciudadanos convirtieron a esta empresa en la campeona en motivar la alteración del orden público por encima de las guerrillas.

Hay unas autoridades cómplices por acción y omisión, que dan tratamiento de orden público y de guerra a la protesta legítima de los pobladores.

Los últimos 4 gobiernos de turno como premio han agregado más impuestos en los planes de desarrollo para estas empresas además de un aumento en las tarifas.

Es sumamente escandaloso que el mismo contralor explique a manera de denuncia, que en “este último año en el marco del Plan5Caribe, se adjudicaron 30 proyectos por un valor cercano a los 3 billones de pesos” (*).

Estas inversiones no fueron adecuadamente seguidas y monitoreadas por MinMinas, la Procuraduría, órgano de control, y la SuperServicio.

Ante la presión de los gobernadores y alcaldes de la región Caribe que la SuperServico intervenga a esta empresa española, esta se defiende con un nuevo argumento: que en las empresas del Estado la deuda es un promedio de 2 billones de pesos, amenazando con un apagón y unas demandas al Estado, contratando ex magistrados de las altas cortes, lo cual ha sido defendido por el Defensor del Pueblo.

La paz es con luz para la gente, no es con un apagón.

Sigue viva la crisis de la energía eléctrica porque ahora se suma el no pago oportuno del Estado a Electricaribe.

Esto es aprovechado por los operadores del servicio de energía para argumentar que no se presta un eficiente servicio y son las comunidades más pobres las directamente afectadas.

En este círculo vicioso no vemos alternativas serias para la solución de este grave perjuicio para el pueblo porque el Estado no quiere asumir la prestación de este servicio y los particulares con estas carteras morosas no ven como un negocio remplazar a Electricaribe.

A estas crudas violaciones y abusos de la posición dominante se suman las políticas de tercerización e informalidad laboral y las vulneraciones en contra de los derechos de los trabajadores sindicalizados y sus pensionados con la complicidad de los operadores de la justicia.

Este panorama se resume en que los inversionistas españoles en Colombia mantienen al pueblo, al Estado y a sus trabajadores y pensionados bajo su yugo como en los tiempo de la Colonia.

 

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