¿Aparecieron los culpables?

11 de febrero de 2018 06:46 PM

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Cuando apareció casi como un fantasma en el paisaje urbano la silueta del enorme edificio Acuarela no se hicieron esperar las lamentaciones, como si acaso hubiese aparecido de repente, como si por arte de magia hubiera emergido allí súbitamente, a solo 150 metros del fuerte San Felipe de Barajas.

Entonces Salvo Basile preguntó en su columna de El Tiempo qué hacíamos los cartageneros viendo pasar semejante atentado contra el patrimonio. Enseguida escribí un artículo publicado en El Universal, en el que me preguntaba quiénes eran los culpables de poner en peligro la certificación de la Unesco.

De una vez todas las miradas se dirigieron al Comité Técnico de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), conformado por notables cartageneros, si el POT (decreto 0977 de 2001) había dispuesto al barrio Rodríguez Torices como residencial RB, es decir altura máxima 4 pisos. Y aparecía el edificio en mención con alturas en torres de 30 pisos.

Resulta que un decreto del orden nacional en aras de estimular la deficiente política de Vivienda de Interés Social (VIS), podía cambiar los índices de construcción del barrio en densidades muy altas para ir cubriendo el déficit de VIS en las ciudades. Y que el lote donde se construiría no aparecía en su área de influencia. Entonces los miembros del comité ven con preocupación que la futura edificación está muy cercana al fuerte y que puede afectar sus conos visuales. Y que la manzana donde está el lote evidentemente no aparece afectada por su área de influencia, lo cual permitiría su construcción. Y es así como en fecha de junio 17 de 2016, el IPCC envía un oficio al Ministerio de Cultura al director de la Oficina de Patrimonio, el señor Alberto Escobar, quien no le presta la debida atención, y cuando lo hace, creo yo que tardíamente, 363 días después, es decir el 15 de junio de 2017, emana la resolución 1703, donde modifica la resolución 043 de 1994, con la cual se amplía el área de influencia que congela la construcción en altura que pueda afectar al fuerte, y se incluye la manzana donde ya se erguía el edificio Acuarela, cuyos promotores habían adquirido en ese vacío de la normativa todas los permisos y licencias pertinentes para su desarrollo inmobiliario. Y aquí surge entonces también otra pregunta;  ¿Si el PEMP estuviera decretado como debió estarlo hace mucho tiempo, quizás estas cosas estuvieran pasando? Este proyecto tan importante pareciera estar obstruido por intereses oscuros, y se convierte en parte culposa del peligro que se cierne sobre la ciudad. Si la descalificación se sucediera, pedimos no solo la renuncia del señor Escobar y la ministra Garcés, sino que el Gobierno central pague las indemnizaciones a los promotores del proyecto y se realice inmediatamente la demolición del edificio.
 

gabrielrodriguez@ibrinmobiliaria.com

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