Esta semana que pasó, los habitantes de Cartagena presenciaron cómo la Policía ocupaba todos los días las zonas peatonales de la plazoleta Benkos Biohó para estacionar en ellas sus motos al tiempo que los senderos de circulación vehicular eran tomados para el aparcamiento de buses y otros automotores de la misma institución, con menosprecio total y, a veces, altanero de los derechos de los ciudadanos para transitar con seguridad y comodidad. Quien mostrara desacuerdo o indignación, recibía insultante y agresiva reprimenda de los agentes obstaculizadores del normal tránsito de vehículos y personas.
La Constitución describe a la policía nacional como un cuerpo de naturaleza civil cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia en paz. Por ello, aunque los funcionarios lo ignoren o lo olviden, el alcalde del lugar es la primera autoridad de policía.
La realidad dista de lo que prescribe la Constitución. Prevaliéndose de la fuerza y de su condición armada, a diario en Cartagena se presencian atropellos cometidos por miembros de la institución contra inermes ciudadanos. De allí surgen la instintiva rebeldía de algunos y la profunda desconfianza que amplios sectores de la sociedad, no de maleantes sino de gentes de bien, experimentan frente al cuerpo policivo. De allí el por qué tantos ciudadanos se abstienen de denunciar hechos lesivos de sus personas o bienes y de allí que las gentes no crean en la recuperación de la seguridad que se pregona. El ingenuo consejero para la seguridad nacional, señor Lloreda, debiera entender que el grado de inseguridad que muestran las estadísticas oficiales está lejos de la verdad porque esas estadísticas no incluyen los innúmeros casos que cubre el silencio de los afectados, silencio que es generado por la convicción de que sus denuncias no serán atendidas.
¿Acaso puede prosperar el cultivo de la convivencia pacífica y la buena ciudadanía cuando los llamados a ser agentes del orden dan ejemplo de perturbación del mismo y conculcan, prevalidos de la autoridad, los derechos del ciudadano común? En Cartagena presenciamos a diario que el oficial de policía trastoca su autoridad en arbitrariedad, y procede como si su uniforme y su arma le permitieran ponerse por encima de la ley y de los derechos de los ciudadanos a quienes debe proteger.
Y lo más preocupante es que la ciudadanía se sabe indefensa ante estos desafueros. ¿Será que existe procurador o defensor del pueblo que vea, escuche y actúe como manda la ley? En otras latitudes, de seguro se habrían tomado correctivos ejemplarizantes. Entre nosotros, lo previsible es que la arbitrariedad se incremente abonada por la impunidad.
h.hernandez@hernandezypereira.com
Comentarios ()