El debate alrededor de los posibles usos del terreno que ocupa la Base Naval en Bocagrande involucra varios dilemas éticos que deben salir a la luz para que el señor alcalde de Cartagena y la señora Ministra de Cultura puedan sopesar bien las ventajas de cada alternativa.
Hoy las propuestas se mueven entre dos extremos: destinar el terreno a parque, o desarrollarlo con edificios similares al resto de Bocagrande.
El primer dilema surge de analizar quién pierde y quién gana. Si se destinan a parque, la Armada no recibe nada y el costo de trasladar la Base correría por cuenta de todos los colombianos. Por el lado de los beneficios, toda la ciudad ganaría con un parque, pero los grandes ganadores serían los dueños de los edificios vecinos, que mejorarían su calidad de vida y se harían más ricos con la valorización de sus propiedades. De esta forma, a menos que los propietarios vecinos asuman los costos del terreno y las obras mediante el pago de valorización, el proyecto se convertiría en una transferencia regresiva de recursos de todos los colombianos hacia los propietarios de los inmuebles vecinos, que no son propiamente población vulnerable.
El otro dilema resulta de ampliar la mirada al resto de la ciudad. El hecho de que los terrenos que ocupa la Base sean de la Nación no significa que sean los más indicados para hacer un parque en la ciudad. ¿En cuáles zonas se concentra el déficit de espacio público y verde? ¿En cuáles sectores se presenta más violencia juvenil? Este es el tipo de preguntas difíciles que le toca a los alcaldes y el de Cartagena no se salva. Sin responderlas no se puede concluir que Bocagrande es la zona donde un parque produciría sus mejores efectos sociales.
Quien considere estos dilemas muy posiblemente llegue a conclusiones equilibradas, como es la propuesta que estudia el señor Alcalde. Ésta garantiza que al menos el 50% del área se destine a espacio público, para desarrollar un parque lineal en el borde marino, con espacios para atracciones turísticas y gastronómicas; crear una red de ciclorrutas y prolongar Transcaribe e incluso las avenidas de salida de la península. La parte del suelo que iría a construcción privada tendría edificaciones con altura escalonada, con perfil de gradería, comenzando con dos pisos a lo largo del parque marino y elevándose al alejarse de la ciudad amurallada y del agua. Con este perfil se respetan las visuales patrimoniales –lo que es sagrado para el equipo distrital y para todos- pero se logran las compensaciones económicas que hacen viable el proyecto, dentro de lo que la ley 388 de 1997 denomina el “reparto equitativo de cargas y beneficios”.
*Gerente Empresa Virgilio Barco –Gobierno Nacional
ANDRÉS ESCOBAR
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