Desde los primeros años de estudio aprendimos las riquezas de nuestro país, soportado por su privilegiada ubicación geográfica; bañado por dos océanos, con tres cordilleras, páramos, ríos y lagos, que nos garantizan mucha agua, hoy estratégica para cualquier nación, diversidad de clima, fauna y flora y numerosos recursos naturales, privilegios que cualquier estado desearía. Pero todo ese patrimonio natural no se traduce en un desarrollo social y económico con una mejor calidad de vida.
La pregunta obligada es por qué nuestra nación, con tantas riquezas, tiene índices de pobreza y desigualdad tan marcados al compararnos con otros países del hemisferio. Parte de la respuesta a esta dolorosa realidad está en algo que no nos enseñaron y que hasta ahora desentrañamos en toda su dimensión y es que todas nuestras riquezas e instituciones están sumergidas en un mar de corrupción, donde navegan para su beneficio personal actores estratégicos de nuestra sociedad.
Los corruptos evalúan las variables de la ecuación: beneficios económicos, versus posibles penalidades, incluyendo cárcel; cuando las sanciones penales son leves y luego pueden salir a disfrutar de las fortunas obtenidas, corren riesgos para apropiarse del erario. Por ello, además de lo consagrado en el código penal, se debe blindar el entorno de los recursos del Estado con ejemplarizantes sanciones sociales accesorias e inhabilidades para quien ofrece y para quien recibe.
Como sanciones accesorias para matar en vida a los corruptos del sector público como privado indicamos las siguientes: cancelar el título profesional o afín y prohibir ejercer su profesión por tiempo indefinido; prohibir tener en el sistema financiero movimientos más allá del mínimo vital; no podrán pertenecer a ningún club social, deportivo, fundaciones, ONG o similares; no se le expedirá pasaporte y si lo tiene, anulación de éste de por vida; anulación del tiempo de cotización para acceder a la pensión de vejez; prohibición para ir a espectáculos públicos, tales como festivales, conciertos o eventos deportivos; y prohibición de firmar ningún tipo de escrituras o documentos que lo acrediten como propietario de bienes muebles o inmuebles.
Las empresas involucradas en actos de corrupción no podrán volver a contratar con ninguna entidad del Estado.
Cuando sean servidores de la rama judicial, legislativa y fuerzas militares, ningún familiar del condenado en primer grado de consanguinidad o afinidad, podrá ejercer cargo en el Estado, para evitar el poder en cuerpo ajeno.
Solo la ciudadanía por las vías constitucionales podrá señalar las sanciones accesorias indicadas para transitar un nuevo camino, dado que el grado de corrupción amerita acciones ejemplarizantes para lograr una sociedad más justa.
**Ing. Industrial, Consultor Empresarial
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