Es urgente que la administración distrital revise sus obligaciones con los mandatos de la Constitución política de 1991, Art- 6, porque incumplirlos es causal de mala conducta con sanciones administrativas, disciplinarias y penales.
La alcaldesa (e) y sus costosos asesores jurídicos se burlan de las peticiones constitucionales, legales, de la Cut, Sintrenal, Suntrasevieacol, Usdidbol, Sudeb, Suntramvocit, padres de familia, sobre el abandono y burla de la educación pública.
Durante estos 3 meses, desde el pasado 17 de marzo de 2018, fecha en la cual, de acuerdo al contrato suscrito entre las partes, fueron acordados varios puestos de vigilancia, tanto para las 105 sedes educativas como para las sedes administrativas.
A la fecha les adeudan a Amcovit unos $ 5.639.000.000 de pesos, y la empresa, de acuerdo a su flujo de caja, dio a conocer que no puede sostener el contrato por más de tres meses, los cuales ya llevan en operación.
Las respuestas negativas se presentan toda vez que devuelven las facturas, cada mes con una excusa diferente y con falsas esperanzas de pago, perjudicado la operación administrativa de la compañía en temas económicos.
Varias fuentes han informado que la empresa Amcovit Ltda. se encuentra en un desnivel económico debido a que la actual alcaldesa (e) y el anterior del Distrito aún no han cancelado ni siquiera los primeros 15 días del contrato.
También es su deber solucionar el pago a los 1000 vigilantes que prestaron sus turnos en los 105 colegios de Cartagena y sus corregimientos, desde el 5 de febrero del 2018, por 48 días, mientras se definió en licitación la nueva empresa.
A partir del 1 de febrero de 2018, con el patrocinio del “honorable” Concejo Distrital, el exalcalde viajero y el politólogo exsecretario de Educación, dejarán por su cuenta 48 días estos humildes colegios sin responder por la vigilancia.
Hacemos uso del Art- 23 y 92 de la CP de 1991, y exhortamos al señor fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo, Mineducación, y al personero, a que investiguen estas amenazas y vulneraciones en la educación distrital.
Esperamos que nos contesten las peticiones, para que estas autoridades irresponsables respondan disciplinaria y penalmente por sus vulgares actuaciones y solucionen ya, interinstitucionalmente, la continuidad de la vigilancia.
No más burla y abuso de las autoridades distritales, con los recursos del erario para la educación pública.
Se les olvidó que son servidores públicos, según el mandato del art- 2, 4 de CP 1991, instituidos para proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes, y deben cumplir con los deberes sociales del Estado.
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