En el año 2000 hubo una grave crisis fiscal en Cartagena: déficit de tesorería, indicadores de endeudamiento en rojo, incapacidad para cancelar miles de millones en cuentas acumuladas, alta dependencia de las transferencias, imposibilidad de financiar con recursos propios el gasto en educación, salud y saneamiento básico, y una cascada de embargos que estrangulaban las arcas distritales.
En 2001 se inició un proceso de saneamiento fiscal que contó con la tutela de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y la participación de los principales acreedores del Distrito. El manejo austero de las finanzas permitió que el ajuste programado para 10 años, rindiera frutos en la mitad del tiempo estimado.
El ajuste fiscal fue doloroso; sin embargo, nos enseñó que cuando los recursos públicos se manejan con responsabilidad, es posible tener finanzas sanas y sostenibles, y cuando las decisiones en lo fiscal se manejan sin los controles necesarios, aparecen los déficits, crece el endeudamiento, aumentan los impuestos y se incrementa la evasión
En los años posteriores al ajuste, el Distrito retornó a una relativa normalidad en su manejo financiero. Se generó superávit primario, se cumplieron los indicadores de la Ley 617 de 2000, se construyó el primer marco fiscal de mediano plazo, se le dio un manejo conservador al endeudamiento público, se definió una política fiscal de mediano plazo a partir de la construcción del mapa tributario y la aplicación de un programa de gestión tributaria distrital.
Posteriormente, se continuó con el fortalecimiento de las finanzas públicas y se mejoró el índice de desempeño fiscal. Sin embargo, a finales del año 2011 se presentó un déficit en la tesorería de más de $64.000 millones y el endeudamiento de Cartagena llegó a ser el más alto entre las ciudades del Caribe colombiano. Ese déficit no alcanzó a ser cubierto plenamente en el año 2012.
Ahora, al iniciar la vigencia fiscal de 2013 empiezan a observarse señales de un detrimento en las finanzas distritales. Sin conocer los resultados del cierre fiscal de 2012, las cifras de enero anuncian un recaudo del impuesto predial unificado (IPU) de alrededor de $45.000 millones, frente a los $65.000 del primer mes del año anterior. La administración distrital cree que una de las causas de este bajón está asociada a los incrementos decretados por IGAC sobre los avalúos catastrales.
Ante la caída de los recaudos, se consideró inicialmente facturar con la base de 2012, sin tener en cuenta los ajustes para el año 2013. Esto, además de ilegal, genera detrimento patrimonial en el Distrito. Luego, se incrementaron los descuentos decretados en enero. Desde mi curul en el Concejo distrital, recomiendo al equipo económico ponerse un cubo de hielo en la cabeza. Nada más peligroso que dar muestras de inseguridad en el manejo de las finanzas estatales. Los ciudadanos y las empresas suelen especular ante comportamientos nerviosos.
Considero que es el momento para convocar a un grupo de expertos y acudir a la DAF para revisar la arquitectura de las finanzas de Cartagena y diseñar un programa de recuperación que nos permita salir de este atolladero, que podría convertirse en un palo en la rueda de la expansión económica y el desarrollo social de Cartagena.
*Concejal Distrito de Cartagena Cambio Radical
wtoncel@hotmail.com
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