Otra vez la guerrilla anual, más difícil que las Farc porque no pacta sin subvertir el modelo económico. Su arma es el chantaje y desbordarse a las vías de hecho. Recuerda a la USO de antaño. Su poder: amenazar con paralizar al país.
Los camioneros piden un piso para las tarifas de transporte –la ubicua Tabla de Fletes; no aceptan que se fijen por el libre juego de la oferta y la demanda. Los zapateros o los jaboneros también podrían solicitar una tarifa mínima, en vez de los precios que el público está dispuesto a pagar.
Las solicitudes camioneras son tan ilegales como las actividades del cartel de los pañales. Aborrecen la libre competencia. Quieren un monopolio sancionado por el Estado, y que los colombianos paguen los sobrecostos. Ese es el meollo de los paros. En tiempos de don Sancho Jimeno, el defensor de Bocachica en 1697, solo se comerciaba legalmente con la mercancías que traían a América los galeones. Monopolio del transporte que encarecía los bienes y estimulaba un alud de contrabando.
La competencia en el transporte vial es casi perfecta. La oferta camionera y la demanda por sus servicios son dispersos. La formación de los precios es transparente. Ni el estado de las carreteras, ni el costo de los peajes, ni el valor de los combustibles entran en la ecuación; son iguales para todos. Sobran aberraciones burocráticas como el Sistema de Costos Eficientes. Para profundizar en el símil de los jabones, es como si su precio al público se fijara por el costo de la soda cáustica para fabricarlos.
El mercado limpia, dicen los economistas. Es decir, con exceso de oferta el mercado saca a los operadores ineficientes. Y en contrario, hace aparecer jugadores nuevos cuando hay demanda insatisfecha. La rentabilidad equilibra la oferta con la demanda.
En Colombia, la sobreoferta, en parte por motivos ilícitos, es endémica. La función del Estado es sancionar y retirar del servicio a los malandros. Para eso está la Fiscalía, sin ayuda de paros. No se necesita una Comisión de Regulación del Transporte como la Creg. Esta existe para regular monopolios naturales, como la distribución de electricidad y gas. El Estado interviene para fijar precios equitativos entre los intereses del inversionista y los del público. Es un mal necesario, que se evita cuando la competencia hace lo mismo y mejor.
¿Y los camioncitos viejos? Todos tienen que cumplir las normas mecánicas y de emisión de gases, como los buses y los carros. Es razonable asistir a los incapaces de sostenerse en el mercado sin subsidios para chatarrizar sus vehículos, pero no como cupo -¡habrase visto tal tontería!- sino par acelerar equilibrios. Ya verán los propietarios si quieren volver libremente a una profesión muy competida. Intereses ocultos entraban este simple procedimiento, tarea para Mintransporte y la Fiscalía.
El no tener claros los principios prolonga paros y alimenta desgastantes negociaciones.
rsegovia@sillar.com.co
En Colombia, la sobreoferta, en parte por motivos ilícitos, es endémica. La función del Estado es sancionar y retirar del servicio a los malandros.
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