Hace más de una semana, en la sección de “123” del noticiero QAP, la monita que hace la mejor imitación de Yamid Amat les pidió a los televidentes adivinar quién será el ministro estrella en los 100 días de la segunda administración de Santos. Después de comerciales reveló que sería Minagricultura, que se preparaba casi para revivir la Caja Agraria, pero en una versión para mujeres. Lanzó así una campaña de relaciones públicas que duró la semana para que el ministro hiciera un segundo debut como paladín de la mujer rural pobre y cruzado de la paz rural.
Desde hace años reiteramos que el principal problema de pobreza en Colombia es la enorme desigualdad entre el campo y la ciudad en calidad de vida, acceso a servicios básicos, oportunidades de progresar e ingreso. En el campo prevalece el empleo de baja calidad y la oferta laboral es poco capacitada. Las mujeres llevan las de perder en ingreso, empleo y oportunidades.
Mejorar la situación de ellas y la calidad de vida de los hogares campesinos dotándolos de vivienda digna y acceso a los servicios básicos es necesario y urgente. Pero preocupa el exclusivo énfasis en resolver problemas de distribución. Si el ministro de Agricultura se declara impedido para intervenir en problemas y programas de tierras, la esencia de su ministerio, y se dedica a lo que le corresponde al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) del Gobierno Nacional (otro desaparecido) ¿quién se hará cargo de elevar el ingreso rural, de modernizar el campo y de elevar el producto y la productividad?
La ley de tierras presentada al Congreso quedó huérfana. Dicen que no solo por el impedimento del ministro sino porque el Presidente no está seguro de que está bien enfocada, con razón, y lo pone muy nervioso la oposición de la izquierda. Por eso es que se necesita ministro, para que se encargue de la discusión y se equilibre el debate.
Se necesita esta ley porque la ley hoy vigente (160 de 1994) impide el acceso empresarial del sector moderno capitalista a la tierra más apta para el desarrollo agrícola moderno y eso impide el desarrollo rural pleno. Por las mismas razones hay que aumentar el acceso de los campesinos a tierra de buena calidad, no necesariamente la misma. Y hay suficiente tierra para ambos objetivos.
Los líderes de izquierda y sus patrocinadores extranjeros sostienen que esta posición es para “despojar a los campesinos de sus tierras”. Por el contrario, busca liberarlos de un yugo ideológico que les impide volar solos y los confina a actividades de subsistencia. Para dinamizar la economía campesina es necesario concebir y poner a andar instituciones blindadas contra el clientelismo, capaces de llevar a los pequeños productores rurales un amplio acceso a la tierra, crédito, asistencia técnica, capacitación, maquinaria y acceso a mercados nacionales e internacionales en condiciones competitivas.
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