Todo el mundo compara positivamente a Cartagena con otras ciudades del país, pero en algunos aspectos se pregunta ¿por qué allá sí y aquí no? Dentro de las múltiples variables que afectan la gobernabilidad y gobernanza de un ente territorial, el "estado fiscal" es una de las principales razones de la construcción de confianza y eficacia pública.
No podemos desconocer que 50% de los ingresos de Cartagena son transferencias de la nación, lo que la hace administrativamente dependiente. Envían los recursos para pagar maestros y vinculación al sistema de salud, lo que conduce a los mandatarios a limitarse a las transferencias como articuladores y a minimizar los esfuerzos propios de inversión.
La falta de inversión por la ineficiencia en el manejo fiscal de la Hacienda pública es evidente, no podemos hablar de excelencia con una cartera mayor al billón de pesos, el 55% son intereses.
El impuesto predial unificado IPU, el impuesto de industria y comercio ICA y la sobretasa a la gasolina, son los impuestos fuertes y dinámicos en la ciudad, superando en los últimos años el ICA al IPU. Si bien es cierto que Hacienda se fortalece desde la reforma de la ley 617 de 2000, obligando a ser más eficientes, aún faltan medidas estructurales y definitivas que hagan sostenible a Cartagena. El recaudo en el 2011 del IPU fue de 140.653 millones y en el 2012, de 136.929, menor en 2,65%, en una ciudad de más de 5.000 unidades de viviendas nuevas.
La falta de gestión coactiva y persuasiva, evidenciada en -33,4% de vigencias anteriores y -11,3% intereses y sanciones, permite deducir la limitación en la gestión o extralimitación en la paragestión. Caso contrario ocurre con el ICA, que aumentó un 18,1% al pasar de 157.056 millones en 2011 a 185.486 millones en 2012, inclusive con una mejor gestión en sanciones y vigencias anteriores, pero con una cartera de 179.400 millones. La gestión de cobro por cerrar su negocio se hace más efectiva que la de perder su casa, porque simplemente esta última no ocurre.
Una cartera de casi 1,2 billones hace de Cartagena una ciudad con similares deudas fiscales y sociales, sin contar las judiciales, que suman más de 200 mil millones, creando un círculo vicioso para administrar pobreza. Por ejemplo, sólo 48% de los contribuyentes paga impuestos y el gobierno sólo invierte 2,6% de sus recursos propios en educación, disminuyendo la confianza de la ciudadanía y evitando su capacidad para afrontar los retos de una ciudad que lo tiene todo y no tiene nada.
Se deben tomar medidas legales y administrativas audaces que permitan fortalecer la Hacienda pública para generar la cultura de pago, establecer la oficina de catastro del Distrito y evitar actualizaciones inesperadas y amañadas que afectan solo al contribuyente que paga.
En una ciudad de tanta especulación inmobiliaria el Distrito debería tener el control de las actualizaciones y no una oficina ajena al los intereses colectivos. Cartagena necesita una visión 20:20 y un presupuesto de 20 billones de pesos en inversión social e infraestructura. Para los próximos 20 años el reto es definir cómo obtenerlo, porque seguiremos viendo 4:4 y preguntándonos ¿por qué allá sí, y aquí no?
*Concejal Partido Conservador
concejalandresbetancourt@gmail.com
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