Desde que se sujetó el manejo de los bienes patrimoniales históricos de Cartagena al nivel central en Bogotá, hemos empezado a tener problemas y muchos inconvenientes con el manejo de ellos.
Un ejemplo, el edificio Acuarela, cuyo proyecto precisamente por esa dualidad y en un descuido y negligencia de la oficina de patrimonio en Bogotá, permitió su construcción, que para despejar duda alguna reitero como lo hice en otros dos artículos publicados en El Universal, cumple con la normativa vigente para el momento de la solicitud de la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana 1. O los ataques desacertados e indiscriminados desde la Procuraduría General de la Nación a algunos desarrollos de inmuebles (en completa normativa) convertidos en estupendos hoteles, como los que se ubican en la calle de la Media Luna. O la discriminación selectiva (aunque estamos felices con la inversión en hotelería y sobre todo en bienes patrimoniales como el antiguo Club Cartagena y sus alrededores) al permitir, esa sí, la demolición de la republicana “Casa Ambrad”, predio num. 21 de esa manzana, para el desarrollo de ese gran proyecto, haciéndose los de la vista corta.
Cartagena y la Costa Caribe tiene una herramienta liberadora de ese poder central, la ley 768 de 2002, la de distritos especiales (son poquísimos en Colombia), que les confiere cierta autonomía en la toma de decisiones y limita la intervención del nivel central desde la fría e ignara Bogotá. Dicha ley no es otra cosa que un compendio de normas que dictan el Estatuto Político, Administrativo y Fiscal a seguir por las tres ciudades (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta).
Es un régimen amparado por la Constitución Política que tiene normas especiales y que no hemos puesto en práctica, y que acabarían de un tajo en Cartagena con la ancestral inequidad existente, porque no solo permite, sino que exige por regla de tres que hasta el 30 % del prepuesto anual de Cartagena, que es de casi 2 billones de pesos, es decir, $600.000 millones tienen que ser invertidos en las zonas más pobres y vulnerables del territorio urbano y rural.
La ley nos permitiría que se unieran de una vez para siempre a las tres ciudades en un gran Área Metropolitana del Caribe (cosa que Bogotá mira con terror).
Pero hablando de lo concerniente al propósito de este artículo, me pregunto ¿qué saben los bogotanos de patrimonio arquitectónico doméstico o militar español si no hicieron otra cosa que acabar en aras del divino progreso, con la arquitectura colonial del barrio La Candelaria?
¿Qué saben ellos de murallas o arquitectura militar si aquí tenemos a los mejores del país, a los Albertos, Samudio y Herrera, a Pedro Ibarra, a Poncho Cabrera y otros, como para que estén ellos diseñando el Plan Espacial de Manejo de las Murallas.
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