Fui invitada por un estudiante de Jurisprudencia a visitar Santa Cruz del islote, una pequeña isla en la que habita una comunidad, en el Golfo de Morrosquillo, a 40 minutos en lancha de Tolú. Por años, esta comunidad ha sido olvidada y destinada a vivir en condiciones precarias, en una zona donde existe el riesgo de desastres naturales, además de no tener una red adecuada de salubridad pública ni los servicios públicos domiciliarios.
Es muy triste que a ellos les toque hacer sus necesidades biológicas en una bolsita plástica y luego arrojarla al mar. Dada esta situación, con el apoyo de Clínicas de Interés Público, Universidad del Rosario y La Sabana, y Fundación ProBono, la comunidad interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acción popular para obtener protección de derechos colectivos a la prevención y atención de desastres técnicamente previsibles, a la salubridad pública, disponibilidad y acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública y la prestación efectiva de servicios públicos domiciliarios y al acceso a los servicios públicos.
En el Auto que admitió la acción, de fecha 16 de marzo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares al encontrar la evidente vulneración de los derechos colectivos; en ese sentido, se ordenó el cumplimiento de dichas medidas a diferentes autoridades, entre ellas, a la Alcaldía de Cartagena.
La referida providencia fue apelada y confirmada posteriormente por el Consejo de Estado en Auto del 30 de Mayo de 2013, en el cual la Alta Corporación reconoció la situación deplorable de olvido en que está la comunidad, cuyos habitantes no cuentan con las condiciones necesarias para llevar una vida digna, y la obligación del Estado de asegurar la prestación efectiva de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio Nacional.
En palabras del Consejo de Estado: “(…) No cabe duda de que la Alcaldía de Cartagena de Indias, vulnera derechos colectivos, pues no ha adoptado medidas mínimas claras, concretas y eficientes para instalar en la comunidad de Santa Cruz El Islote la infraestructura de alcantarillado y energía eléctrica que permita superar la precaria y deficiente prestación de dichos servicios públicos, así como al exposición de la comunidad a obvios problemas de salubridad pública”.
A pesar del pronunciamiento garantista tanto del Tribunal como del Consejo de Estado, la situación de la comunidad de Santa Cruz del Islote es cada vez peor, pues las condiciones de vulneración de sus derechos colectivos continúa, sin ninguna otra explicación que la falta de voluntad de la Administración por ejecutar los mandatos de las autoridades judiciales en materia contencioso-administrativa.
*Escritora
licorcione@gmail.com
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