Aunque medios y ciudadanos suelen encontrar en los alcaldes recientes el grueso de la responsabilidad por la debacle social, el Concejo Distrital tiene igual o quizás mayor responsabilidad, por acción y por omisión. Seguir privado de la libertad un amplio grupo de ediles, prueba que depurar esta entidad es necesario si Cartagena quiere ser diferente. El Concejo debe ser una legión de verdaderos representantes de las comunidades, y sus acciones deben mejorar su calidad de vida.
Si los problemas de la urbe están en el grueso de la población, que vive en la pobreza, el Concejo deberían enfrentar esta situación en particular. Todo lo contrario, las llamadas megaobras no son para ellos. Aunque lo he repetido, y debe ser conocido por los concejales, porque supongo que algo habrán leído sobre eso, la vulnerabilidad máxima al cambio climático en Cartagena no está en Bocagrande ni El Laguito, en donde gastaremos cientos de millones en la protección costera, sino en los barrios que rodean la Ciénaga de la Virgen, La Popa y en otros sectores con muchas necesidades básicas insatisfechas. Para estas personas, el Concejo no existe.
Hace poco esta institución democrática agendó una nueva ola de exoneraciones tributarias a empresas que se establezcan en la ciudad. Así de simple, sin evaluar los resultados de medidas similares en el pasado. Con esas gabelas desproporcionadas, especialmente a grandes y sólidas empresas, una sola de ellas, agrega a las cuentas de sus accionistas más de diez millones de dólares anuales, que podrían borrar manchas de pobreza en la piel de la ciudad. ¿Por qué no dar mejoras tributarias a las miles de pequeñas y medianas empresas que quieren despegar en los barrios, y la tramitología y falta de incentivos no las deja? Esas sí generan el verdadero empleo.
Para el Concejo, el maratónico afán de construir no le timbra la curiosidad. Cada día los constructores usan menos trabajadores, los nuevos edificios colapsan la movilidad y los servicios públicos, creciendo el costo de vida. Las ganancias se concentran en los que construyen, la empresa del cemento y concreto, y las curadurías. ¿Cuándo se les ocurrirá gravar a la construcción en estratos superiores al 3, con al menos un 5% del valor de cada inmueble, e invertir estos recursos en viviendas dignas en zonas vulnerables, evitando catástrofes al volver una Niña?
Hay pocos buenos concejales, y con la mayoría tomando decisiones absurdas, la desigualdad y la inequidad destruirán aún más la ciudad. En cualquier parte del mundo, si un colegio como el Fernández Baena se desploma y no pasa nada, la señal es inequívoca: el Ejecutivo y los que legislan están en el lugar equivocado, y nosotros los electores, somos unos tontos.
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