¿Puede un gobierno tomar decisiones de política pública si no tiene información estadística que le permita planear acciones para el grupo que debe beneficiarse de ellas? Si no la tiene, muy seguramente sus decisiones serán erráticas y poco efectivas.
Esto es lo que ha venido ocurriendo con las políticas nacionales en torno al campesinado. ¿Cuántos y quiénes son campesinos y campesinas?, ¿dónde están? ¿qué hacen? son algunas de las preguntas que si tuvieran respuesta dejarían menor margen de imprecisión a las políticas.
Cansados de hacer peticiones que fueron negadas por mas de dos años, buscando ser incluidos en el Censo de Población 2018, hace unas semanas 1.770 campesinos, entre ellos muchos bolivarenses, pertenecientes a diversas asociaciones (Anzorc, Anuc, Fensuagro-CUT, CNA, entre otras), dieron poder a Rodrigo Uprimny, de Dejusticia, para presentar una acción de tutela que reclamara esa inclusión.
En la tutela se plantea que la vida e identidad cultural campesina no pueden ser medidas solo con instrumentos como el Censo Nacional Agropecuario - CNA, que se realizó en 2014, pues tiene un objeto y alcance diferentes al censo poblacional, por ejemplo, no pregunta por el autorreconocimiento, y no cuenta a quienes no están vinculados a parcelas o fincas. Es decir, el CNA no refleja la complejidad de la vida campesina, como la de quienes viven en ciudades como Cartagena, obligados por la pobreza del campo o el desplazamiento del conflicto armado, y no han podido regresar porque carecen de tierra, pero siembran en el metro cuadrado del patio de su casa en barrios como Mandela o El Pozón.
El pasado 13 de febrero, en sentencia de segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia pidió al DANE, a los Ministerios del Interior y de Agricultura, a la Presidencia, y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que elaboren estudios con dos propósitos: (i) delimitar el concepto de “campesino”; y (ii) contar a este grupo y sus individuos. Además, el recién creado Grupo de Asuntos Campesinos del Mininterior tendrá la tarea de identificar la situación de la población y apoyar la formulación y seguimiento de planes en su favor.
Se perdió la oportunidad de medir al campesinado en el censo poblacional, pero quedan las herramientas que ordenó la Corte Suprema. Como lo plantea la tutela, el campesinado tiene protección especial constitucional y una identidad cultural específica y distinta de otras como la étnica. Esto significa que el Estado - incluyendo las autoridades locales -tiene el deber de crear políticas públicas que tomen en cuenta su diferencia, para que las acciones que se formulen le permitan gozar de derechos en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.
*Investigadora Dejusticia.
IRINA JUNIELES ACOSTA*
@irinajunieles
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