Las motos en las vías de todo el país han sido una revolución silenciosa (aunque son muy ruidosas) en la sociedad colombiana. Con 6,6 millones de motos matriculadas, en menos de dos décadas 40% de los hogares pasaron de peatones a orgullosos dueños de su transporte, que ya supera a los 5,2 millones de vehículos distintos registrados.
El cambio es tan grande como pasar de la mula al jet. Ser dueño de la moto no solo significa independizarse de las demoras e incomodidades del transporte público urbano o evitar largas caminadas rurales, sino que implica una gran mejora en la calidad de vida de las familias.
Sirven para llevar niños a la escuela, para mercar más allá de la tienda de la esquina, para rumbear con la novia o para pasear el fin de semana con toda la familia, el perro incluido, además de ser una posible fuente de ingresos como mensajero o mototaxista. Y todo muy barato, porque el consumo de gasolina es mínimo y la financiación de la moto se paga con lo ahorrado en pasajes de Transmilenio, Mío o Metrobus.
Las motos tienen graves consecuencias para la salud pública pues las muertes y lesiones por accidentes en estas ya son epidemia: 64% de los 4.436 muertos en accidentes de tránsito en 2014 eran motociclistas, lo mismo que el 66% de los 34.451 lesionados. Son mucho más peligrosas que los carros.
Pero el problema no son las motos sino la informalidad causada por la falta de control y las políticas paternalistas del Estado, que no exige que paguen los costos que pagan todos los demás vehículos, y en las calles impera la ley de la selva y los beneficios individuales de los motociclistas, que no son gratis, los paga el resto de la sociedad.
La falta de control se ve, por ejemplo, en la facilidad de adquirir una moto sin requisito distinto a tener un pase, que se consigue sin conocer las normas de transito. Más grave aún, en las 3,1 millones de motos (47% del total) que circulan sin Seguro Obligatorio (SOAT), y el Mintransporte impávido.
El Estado paternalista trata a las motos como si necesitaran estímulos para ser vendidas: la tarifa del SOAT es subsidiada (solo se les cobra el 35% de su valor); hay exenciones de IVA para las motos pequeñas: no pagan peajes en las carreteras nacionales y en la mayoría de las ciudades capitales no están sujetas al pico y placa, como los demás vehículos.
Son tantas que dejan de ser una solución a la movilidad en las ciudades para ser parte del problema. En Cali es absurdo querer mejorar la movilidad aumentando el pico y placa a los vehículos, cuando se debe aplicar también a las motos como en Cartagena, Medellín y Bucaramanga. No hay que discriminar a las motos e imponerles cargas mayores que a otros vehículos, pero tampoco deben tener privilegios cuyos costos los paga toda la sociedad.
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