El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es una herramienta financiera de los gobiernos para planear el comportamiento de sus ingresos y gastos.
Hace poco el Ministerio de Hacienda presentó el MFMP 2017 del país, el cual contiene un capítulo sobre las necesidades de inversión y las fuentes de financiamiento para implementar el acuerdo de paz. Este ejercicio es una primera aproximación a los costos y los fondos requeridos para financiar el acuerdo en un horizonte de 15 años. La información ayuda a comprender el alcance fiscal del cumplimiento del acuerdo de paz.
Su costo total estimado asciende a $129,5 billones, a valores constantes de 2016, que se distribuye en cinco puntos: (i) reforma rural integral $110,6 billones; (ii) participación política $4,3 billones; (iii) fin del conflicto $1,9 billones; (iv) drogas ilícitas $8,3 billones; y (v) víctimas $4,3 billones.
La reforma rural integral es el punto que demanda más recursos, exactamente el 85,4% del total estimado. Este punto tiene tres pilares. El primero se enfoca en el proceso de restitución y formalización de tierras, que estaría acompañado de asistencia técnica, capacitación, adecuación, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción. El segundo pilar está orientado a cerrar la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad.
El tercer pilar buscará alcanzar progresivamente la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural. No se detalla en el MFMP los costos por pilar.
Para financiar el acuerdo se contemplan seis fuentes. El Presupuesto General de la Nación será la principal con $46,7 billones. Le siguen el Sistema General de Participaciones (SGP) que asumirá $37,8 billones, el Sistema General de Regalías (SGR) con $19,7 billones, y las entidades territoriales aportarán $5,5 billones con sus recursos propios. Por último, la cooperación internacional entregará $11,6 billones y la inversión privada $8,3 billones.
Llama la atención que ciertas fuentes de financiamiento contemplen redistribuir algunos rubros vigentes, cuando el mismo MFMP señala que tenemos uno de los presupuestos más inflexibles de América Latina y que será un reto realizar las sugerencias de redistribuir el gasto. Por ejemplo, el reciente acuerdo con Fecode pactó revisar el SGP, que es la mayor fuente de financiación del sector. ¿Estarán los maestros dispuestos a compartir sus fondos con el acuerdo? Seguramente se viene un debate fuerte sobre la distribución del gasto público nacional.
jbonetmo@banrep.gov.co
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