Como cierre de mis opiniones de las últimas semanas, me propongo recoger en forma propositiva el deber ser del crédito agropecuario.
1) Los recursos orientados a tal fin deben guardar relación con el tamaño del sector, con su aporte al PIB y con la urgencia de recuperar la producción y la vida rural, como pilares del desarrollo y del logro de la paz.
2) Los recursos que la ley destina al productor agropecuario deben ir sin fugas a su destinatario. Financiar otros eslabones de las cadenas puede jalonar la oferta, pero no es menos cierto que tales eslabones pertenecen a otros sectores, industria y comercio principalmente, con fuentes propias de financiación y, sobre todo, sin derecho a crédito de fomento, entendido como el que, por mandato constitucional en el caso de la producción rural, se otorga en condiciones especiales en razón de su vulnerabilidad e importancia estratégica.
3) Las tasas deben ser de verdadero fomento, es decir, por debajo de las del mercado. Como la tasa está en función del riesgo, en el crédito agropecuario esta condición se logra solo si el Estado asume parte de ese riesgo, es decir, de esa menor tasa; y la banca intermediaria recibe una tasa acorde al riesgo que asume, pues en el crédito de redescuento no compromete siquiera su capital.
4) Los créditos con redescuento de Finagro deben tener características especiales que disminuyan el riesgo, tales como asistencia técnica, control de inversión y orientación hacia proyectos sustentables que no generen conflictos entre vocación y uso de la tierra. La asistencia técnica es mucho más necesaria en el gran segmento de pequeños productores, aspecto en el que hay experiencias exitosas del papel que pueden desempeñar los gremios.
5) Los recursos del ICR también deben ser crecientes, exclusivos para el productor primario y consecuentes con la prioridad de la recuperación rural, uno de cuyos factores es la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), que no es otra cosa que el equipamiento para la producción (maquinaria, instalaciones y equipos), cuyo porcentaje es el más bajo de la economía y, por ende, su repunte es esencial para la reconversión.
6) El Gobierno y el sector asegurador deben avanzar en una política de aseguramiento de la producción en condiciones de fomento, es decir, financiada parcialmente por el Estado, vital para disminuir el riesgo frente al cambio climático y evitar programas futuros de apoyo por incumplimiento de pagos.
7) Cuando Finagro aporta las garantías a través del FAG, lo debe hacer a bajo costo; y cuando es el productor quien las otorga, Finagro debe convertirse en administrador de esas garantías reales del sector rural, para darle más movilidad y dinamismo al crédito, acabando con hipotecas exclusivas y excesivas que amarran al productor a un solo banco.
Las facultades otorgadas por el Congreso son una oportunidad para reestructurar el Sistema de Crédito Agropecuario. Por ello ampliaré estas reflexiones en un documento que me propongo presentarle al ministro Iragorri como aporte a tal propósito.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA*
@jflafaurie
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