El alcalde Manolo Duque y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) han priorizado en la agenda de gobierno el proceso de revitalización de las fiestas novembrinas.
El mundo festivo estaba expectante a esta noticia. En enero circuló en redes sociales una esquela que declaraba la muerte de las fiestas, a cuyo sepelio invitaban el ex alcalde Dionisio Vélez y funcionarios del IPCC, con su ex directora a la cabeza. La tarjeta fue enviada por un grupo de indignados que reclamaba por la demora en el pago del Instituto a los organizadores de cabildos y carnavales.
El sismo mortuorio se sintió en las páginas de este diario, cuyo editorial del 30 de enero criticó “la pobreza, o mejor, la miserableza, con que son tratadas las Fiestas de Independencia por el distrito de Cartagena”. El Universal opuso este hecho al tratamiento otorgado a “los hacedores del Carnaval de Barranquilla (que) han recibido ya $2.200 millones para sus fiestas de este año”, y en editorial más reciente, exaltó la enorme generación de ingresos y empleo del carnaval, hoy una de las principales actividades económicas de La Arenosa.
La legítima reacción ciudadana a los actos de gobierno contra el espíritu de las fiestas tapa un problema mayúsculo: la falta de políticas acertadas y la asfixia presupuestal del IPCC. De esto último se sabe poco.
Para hacernos una idea, el monto girado este año a los grupos barranquilleros es similar al total que destinó el IPCC entre 2008 y 2014 a fomentar eventos y expresiones artísticas y culturales locales. En 2014 la inversión cultural del Distrito para promover estas expresiones sumó irrisorios $30 millones.
Su margen de acción es estrecho. Desde 2008 los recursos propios apenas le alcanzan al Instituto para pagar el 30% de la inversión. La mayor parte de ese gasto lo financia con transferencias.
La historia reciente es elocuente. La inversión en cultura se ha reducido a menos de la mitad de la de 2011 ($13 mil millones), el máximo en la vida del IPCC. En el ranking bolivarense de inversión cultural por persona, el Distrito ocupa el puesto 35 entre 45 municipios. A ello se suma la baja ejecución presupuestal, que no supera el 50% desde 2012, lo que equivale a hacer dieta en una casa de desnutridos.
La debilidad financiera del IPCC, que se origina en su diseño institucional, delata la poca atención que reciben la cultura y sus organismos en las políticas y planes de desarrollo locales. No sólo es un asunto de idoneidad, de compromiso con referentes simbólicos y de capacidad de gestión de los tomadores de decisión. Sin presupuesto la cultura será –ahí sí- un cementerio de buenas intenciones.
*Co-director del L+iD, UTB
aespinosa@unitecnologica.edu.co
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