El paro nacional cafetero, iniciado el pasado 25 de febrero, es una de esas extrañas situaciones donde las dos partes enfrentadas –Gobierno y cafeteros- tienen la razón en una parte y al tiempo ambas están muy equivocadas en otra parte.
Tienen toda la razón los caficultores en los motivos de su protesta pero se equivocan en las soluciones que proponen y en la forma de presionarlas, perjudicando a miles de personas ajenas al problema. El gobierno también se equivoca en los paliativos propuestos para salir de la crisis, aunque acierta en rechazar los bloqueos a las carreteras y la infiltración de políticos oportunistas de las extremas derecha e izquierda que quieren aprovechar la piñata del paro, así rompan la olla del orden público.
Aunque pasaron las épocas en que “Colombia era café o no era nada”, el sector cafetero sigue siendo muy importante para la demanda interna y el empleo. Son casi 600.000 las familias cafeteras (el 5% del país) y el sector genera la tercera parte del empleo rural.
La aritmética de la crisis cafetera es simple: por una arroba de café se pagan $52.000 y el costo de producirla es superior a los $62.000. Si la cosecha de este año llegara a los 10 millones de sacos, que son 74 millones de arrobas, perderían unos 400 millones de dólares, razón más que suficiente para protestar.
Es curioso que cafeteros y gobierno propongan la misma solución de usar parte de los impuestos que pagamos los colombianos para dar un subsidio que compense la caída del precio. La gran diferencia es el monto: el gobierno ya da $6.000 por arroba y ofrece llegar a $9.000, mientras que los cafeteros quieren $28.000. El costo para el presupuesto nacional sería de $700.000 millones en un caso, o más de dos billones de pesos en el otro.
Ambos están totalmente equivocados y es un gran error que el gobierno ofrezca este tipo de subsidios. Es la vieja fórmula de socializar las pérdidas, mientras que las ganancias de cuando suben los precios son privadas y no se reparten entre todos los colombianos que pagamos el subsidio. Segundo, es inequitativo, dado que el 80% de la producción es propiedad de solo el 10% de los cafeteros, y la mayor parte del subsidio iría a pocas manos. Tercero, usar recursos públicos para subsidiar a productores privados es un precedente funesto, imitado ya por otros sectores afectados por la caída de los precios de sus productos.
Si a los cafeteros se les da esa plata, los textileros, arroceros, palmicultores, floricultores, transportadores, etc., etc. exigirán un tratamiento similar, y habrán aprendido que para obtenerlo solo tienen que bloquear unas carreteras. El presupuesto público no puede convertirse en una piñata cuya mayor tajada sea de quien empuje más.
El común denominador de todos esos sectores es que los arruinan la revaluación del peso y la apertura hacia adentro. Si el dólar estuviera a $2.100 los cafeteros no tendrían pérdidas, pues con el precio internacional del grano les podrían pagar para cubrir sus costos.
La solución de corto plazo al paro cafetero está en manos del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, que no han tomado todas la medidas que tienen a su alcance para frenar la revaluación.
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