Sorprende que las decisiones mayores se debatan sin análisis previo riguroso, y que prime la ideología o juicios de valor. Pasa con el proyecto de ley para crear las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Dotarlas de regímenes especiales para desarrollarlas tiene sentido. Hay regiones, como la Orinoquía o las zonas de ganadería extensiva de algunas regiones de la Costa Caribe, que necesitan un trato diferencial para desarrollar su potencial.
El problema político del proyecto de ley para las ZIDRES es que a la izquierda solo le importa oponerse a que los empresarios accedan a la tierra en la Orinoquía, solos o asociados con campesinos, que tendrían que venir de otras regiones. No ven lo positivo, ni los opositores analizan las ventajas del proyecto para intervenir tierras mal explotadas en otras regiones del país que podrían ser aptas para la economía campesina. El Polo y el Gobierno no han hecho cuentas de lo que implica desarrollar esa ley.
En la Orinoquía, un proyecto de 10 mil hectáreas es apenas adecuado. Si el productor arrienda la tierra o la recibe en concesión, la inversión inicial para encalarla y prepararla sería de $30,000 millones ($3 millones por hectárea), y USD$ 9,5 millones adicionales para maquinaria, infraestructura privada y equipo, para un total cercano a $60,000 millones. En Brasil, el propietario hace esta inversión inicial en fertilizantes y se gana la valorización del predio y el arriendo (7 por ciento del valor inicial del predio). En Colombia calculamos que el arriendo debería ser de 3 a 5%, a lo sumo, para que la rentabilidad proyectada esté en 15% anual.
Si el arrendatario tiene que pagar la primera encalada no obtendrá nunca una rentabilidad para el riesgo de su inversión. Si la puede descontar del arriendo, no la recuperará en menos de 65 años. Parece inevitable que pague el Gobierno, pero solo recobraría la inversión si vende los baldíos, al recuperarlos, por su valor comercial, que luego de 50 años equivaldría en pesos constantes a lo que vale la tierra hoy en el Valle del Cauca o en la Sabana. Si desarrollan un millón de hectáreas, el Gobierno tendría que aportar $3 billones como mínimo en crédito para financiar las demás inversiones y la carretera de Puerto Gaitán a Puerto Carreño, que puede valer otro tanto o más según la vía, y no podrá depender de peajes para financiarla. Sin esa carretera troncal o un ferrocarril y una red de carreteras que la alimenten, desarrollar la región sería inviable.
Sin impedimentos para venderle al sector privado en subastas un millón de hectáreas baldías y aportar como participación de los trabajadores rurales o campesinos a los proyectos asociativos otro millón de hectáreas, habría los recursos para la carretera, para financiar la participación de los campesinos aquí y en otros sitios, y el desarrollo de la región tendría vida propia. No es razonable permitir que el Polo siga vetando esta posibilidad.
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