El país padece una Fiscalía General que sufre irrefrenable concupiscencia por un afán de poner a los investigados como condenados anticipados. Y el mal arranca de la cabeza, pues Fiscal y Vicefiscal están lejos de mostrar mesura en sus continuas intervenciones para los medios y el público en general, hasta el punto de que algunos nos preguntemos qué tiempo dedican al estudio serio y ponderado de los graves e importantes asuntos que tienen en sus manos.
Después vienen las revocatorias de medidas de aseguramiento, las preclusiones y las sentencias absolutorias y siguen las demandas contra el Estado y las reparaciones que paga todo el pueblo, reparaciones cuantiosas que bien podrían aliviar muchos problemas de salud o permitir construir muchas viviendas dignas para familias que perviven en tugurios.
Para que nos formemos una idea del poco aprecio que en la justicia penal se profesa por la libertad de los ciudadanos, transcribo algunas expresiones del Consejo de Estado contenidas en sentencia de 12 de diciembre de 2013 en que condenó a la Nación a pagar perjuicios por la detención injustificada que soportó por casi diez años Pablo Enrique Zamora Rodríguez, acusado sin fundamento de participar en el asesinato de Guillermo Cano.
“Se ha evidenciado que los casos de detenciones de inocentes distan de ser episodios aislados sino que, por el contrario constituyen un fenómeno reiterativo que afecta la seguridad y el patrimonio de la sociedad.”
“…las detenciones ordenadas sin sustento probatorio, como las exigencias masivas y generalizadas de encarcelamiento y los linchamientos mediáticos obedecen a una tendencia profundamente arraigada de equiparación de la justicia con la mera imposición de la pena privativa de la libertad. Se trata de un paradigma cultural en el que, como se advirtió anteriormente, el proceso penal es utilizado como venganza al margen de la determinación de la verdad y sin considerar la trascendencia de fundamentar la culpabilidad. A la luz de estas coordenadas de pensamiento, tanto la absolución como la determinación de no adoptar medidas de aseguramiento se entienden como una especie de fracaso institucional y en muchos casos de complacencia con el crimen.”
Por eso el Consejo de Estado culmina su sentencia con la orden a la Rama Judicial “de “promover en los cursos de formación judicial la importancia de la aplicación de los principios constitucionales de dignidad humana, presunción de inocencia y necesidad, con particular énfasis en la excepcionalidad de imponer medida de aseguramiento de manera cautelar.”
Ojalá el camorrista fiscal Montealegre se consagre a su función constitucional y atienda el clamor del Consejo de Estado y los verdaderos intereses de la justicia.
h.hernandez@hernandezypereira.com
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