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Deudas con la paz

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

Por: GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

25 de Agosto de 2017 12:00 am

Es fácil percibir la gran indiferencia de la ciudadanía y sus autoridades sobre el destino del Acuerdo Final FARC – EP.

Al Estado en su conjunto, a los alcaldes y gobernadores, concejos y asambleas, a sus funcionarios, no se les percibe ningún compromiso serio.

La rama judicial, la Fiscalía, la Corte Constitucional, no han logrado precisar los impactos que en el derecho y en las instituciones puede llegar a tener el proceso de paz.

La falta de acciones de difusión, pedagogía y apoyo del gobierno en las regiones ha contribuido a estar en un segundo plano sus prioridades.

Las FARC – EP están cumpliendo a cabalidad.

Se concentraron, respetaron el cese de hostilidades, entregaron las armas, informaron la ubicación de las caletas, y entre disidentes y desertores no alcanzan al 5%, y vienen trabajando en el desminado.

Se han escogido los primeros municipios para la implementación del acuerdo en Bolívar: Córdoba, Carmen de Bolívar, Guamo, Marialabaja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano, Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití.

En Sucre, están Colosó, Chalán, Palmitos, Morroa, Ovejas, San Onofre y Toluviejo; en Córdoba, están Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia.

En el Cesar, están Codazzi, Becerril, Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar; en la Guajira están Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar; y en el Magdalena, están Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta.

Las organizaciones y movimientos sociales, políticos y sindicales, tienen el deber y la obligación de liderar y apoyar la implantación de este acuerdo.

No puede faltar el compromiso de establecer un plan de formalización laboral y seguridad social para los trabajadores rurales, (Punto 1.3.3.5 ); los programas de empleo local, para la implementación de los planes de infraestructura, adecuación de tierras y desarrollo sociales, (Puntos 1.3.1 y 1.3.2).

También, las garantías para los movimientos y organizaciones sociales (Punto 2.2.1); y las garantías para la movilización y la protesta pacífica (Punto 2.2.2.).

Igualmente, la cultura de convivencia, tolerancia y la no estigmatización (Punto 2.2.4); y el acceso a medios de comunicación (Punto 2.3.8).

Es infaltable la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (Punto 5.1.1); y la reparación colectiva (Punto 5.1.3.3).

Hacemos un llamado a todas las autoridades en cabeza de alcaldes y gobernadores, a que revisen su obligación con el Art- 22 CP de 1991, derecho fundamental a la paz. También a todas las fuerzas sociales y políticas, que aspiramos cambiar el Congreso, la presidencia República, el 11 de marzo y el 27 de mayo de 2018 y en el 2019; no más corruptos, mafiosos, cínicos, amnésicos y mesías, gobernándonos.
 

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