La Procuraduría General de la Nación representa a los ciudadanos ante el Estado y su obligación es velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a los servidores públicos, bien sea previniendo, interviniendo o disciplinando. Bajo una de estas tres funciones señaladas, la Procuraduría Segunda delegada para la contratación estatal bajo el radicado IUS-2013-64155, decide sancionar en primera instancia al señor gerente de Transcaribe, José López Amarís, con destitución del cargo e inhabilidad por doce años.
Las razones de esta decisión no son objeto de esta columna. Lo que importa es conocer las razones por lo que, en Bogotá se maneja información que se ha llegado a cambiar la decisión de primera instancia. Al señor Procurador General lo asisten una serie de delegados, los que tienen atribuidas ciertas funciones que deben inspirar la misma confianza que genera su superior jerárquico, como ha quedado muy claro con la destitución de Gustavo Petro.
Los cartageneros intuyen que la democracia es una forma reglada del ejercicio del poder. Que sus gobernantes y sus funcionarios tienen un poder inmenso sobre ellos, pero también saben que la representatividad de sus elegidos o designados descansa en la confianza de todos los ciudadanos. Los cartageneros confían en que las decisiones de la Procuraduría seguirán guiadas por la honestidad y la búsqueda del bienestar general. De allí que los cartageneros muy a pesar de todas las informaciones que refieren que la Procuraduría General decidirá que en Transcaribe no ha ocurrido nada que amerite disciplinar a quien ha sido destituido e inhabilitado, se niegan a creerlo porque de lo contrario percibirán una obnubilación al procurador general por parte de quienes lo rodean y pudieran tener un interés particular en no reafirmar el fallo de primera instancia.
La distinción básica que existe en la democracia entre lo público y lo privado se rompe, Transcaribe quedará reducida a un instrumento útil tan solo para alcanzar beneficios privados, por ello el ciudadano tiende a alienarse de la vida política y a sustituir los criterios morales que rigen su participación política; de lo contrario se entenderá a Cartagena como una sociedad enferma en donde algunos de sus funcionarios transgreden la ley por medio de conductas clandestinas y ocultas.
En Bogotá al parecer, se conocen las copias del expediente en mención, se atreven a apostar entre una decisión de segunda instancia basada en la ética de la convicción o en la ética de la responsabilidad, pero no descartan que la decisión no será basada en la ética propuesta en el sermón de la montaña. Sería lamentable que funcionarios de segunda logren imponer la “ética” política por encima del bienestar cartagenero.
Transcaribe y su junta directiva, con el alcalde Dionisio Vélez al frente de ella están bajo la lupa y sospecha, mas no la democracia cartagenera, ésta lleva sobre sus espaldas una pesada carga de paradojas y promesas incumplidas, pero resiste y en medio de este suplicio ha terminado por descubrir que el escándalo se puede convertir en una forma de control social, entendiéndolo como una manifestación peculiar de la opinión pública que impone una determinada visión de lo que sucede en Transcaribe no solo como atractivo narrativo o por el posible contenido de la revocatoria que se ve venir y que favorece la conducta del destituido sino porque el escándalo terminará por convertirse en un mecanismo del cual se apropie la ciudadanía como medio de control político y social, y por qué no como una forma de sanción de consecuencias imprevisibles en donde no habrá lugar a ocultar los hechos.
El Procurador General de la Nación defiende el estado de derecho y esto genera confianza en la ciudadanía que se somete a este sistema, lo que preocupa al ciudadano es que el sanedrín que en este caso rodea al Procurador termine imponiendo la subjetividad y aprovechamiento personal con actuaciones celestinas como margen indefinido en la toma de decisiones, termine por ser un marco tan amplio en donde quepan toda clase de interpretaciones en donde pueda anidar la impunidad disciplinaria y dar margen a que cualquier decisión pueda ser revocada con la misma excusa.
Coletilla 1: ¿Por qué los entes de control en Sucre no miran hacia la Secretaría privada de la Gobernación de Sucre?
Coletilla 2: ¿Es cierto lo que comienza a tomar fuerza, que el secretario general del partido liberal Héctor Olimpo Espinosa está influyendo en Comfasucre de manera nada recomendable, casi que para propinar la estocada final a la entidad? Lupa con esto, no permitiremos un agravio más al patrimonio Sucreño, venga de donde venga.
Coletilla 3: El General Óscar Naranjo no creo que se someta a una fogosa campaña de la alcaldía de Bogotá, donde muy seguramente no saldrá elegido, más si muy estropeado. Más vale disfrutar de un buen retiro, que someterse a las consecuencias de una mala decisión política.
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