En el artículo sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia que escribí para El Tiempo de Bogotá el viernes pasado se comenzaron a describir los principales problemas de servicios públicos de las islas. Ellas no pueden elevar la calidad de su industria turística o aspirar a un turismo más verde, mejor educado y con mayor capacidad de consumo, sin servicios públicos, salud, educación básica y universitaria, y transporte de calidad, la esencia de la calidad de vida de los habitantes.
El problema de salud en las islas se deriva en parte de no tener una población suficientemente grande. Esto les sucede también a muchos otros municipios y regiones en el país, que envían a sus enfermos a las ciudades grandes más próximas. En las islas, esta práctica es ruinosa. Enviar pacientes de Providencia a San Andrés, y de San Andrés a Medellín, Bogotá o Barranquilla, como se hace ahora, cuesta varios millones de pesos en cada caso. Se requiere ampliar la oferta hospitalaria local.
Por eso el Gobierno nacional aportó los recursos para el nuevo hospital “Amor de Patria” de San Andrés, inaugurado en 2007. Un nombre más apropiado hubiera sido “Dolor de Patria”, porque lo dejaron caer y el equipo con que se dotó la institución no opera o no se encuentra. El gobierno central le giró al departamento $4,000 millones a finales del año pasado para arreglar y reequipar la clínica, pero el Gobierno departamental no ha hecho la inversión, aparentemente porque los políticos no han dejado hacerla.
En San Andrés o en Providencia el grupo que gana las elecciones se apodera de todos los cargos públicos y los reparte entre sus seguidores. Los dineros para los contratos también se reparten milimétricamente entre los secretarios para que ellos los asignen a otros miembros del grupo de gobierno. En el caso del hospital, aparentemente no hay contratistas en la isla capaces de proveer el equipo y las obras que se necesitan, lo que pudo haber causado que los políticos de la isla no dejen que se gasten los fondos disponibles hasta que hayan podido armar alianzas con proveedores del continente que les funcionen.
Esta situación no tiene justificación alguna e ilustra cómo la organización política y sus malos hábitos repercuten negativamente en la eficiencia del gobierno del archipiélago a todo nivel. En Providencia, por ejemplo, hace tres semanas no llega agua del acueducto a la mayoría de las casas y la gente tiene que pagar carros tanque a $180,000 el viaje en turnos asignados por la alcaldía, a pesar de que está en marcha una inversión enorme, financiada por el Gobierno nacional, para ofrecer cobertura total en agua potable (continúa).
1/ El autor asiste al gobierno en el diagnóstico y en la generación y discusión de ideas y de soluciones en las islas
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