¿Dónde están los culpables?

13 de noviembre de 2017 12:00 AM

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El 17 de junio del año 2016 el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) envió un oficio al señor Alberto Escovar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura Nacional en Bogotá, firmado por su directora Berta Lucía Arnedo, donde manifiesta la preocupación del IPCC por la construcción de un edificio para Vivienda de Interés Social (VIS), cuya altura es de 30 pisos, y cuyo lote no está incluido o afectado dentro del área de influencia del Fuerte San Felipe de Barajas, lo cual permitiría su construcción. El mensaje del IPCC es de preocupación porque aunque no está en la norma como área de influencia, deja demostrado su intranquilidad ante su desarrollo, el cual puede como de hecho sucedió, afectar notablemente la majestuosidad del Fuerte. 

Sabemos que el decreto 0977 de 2001 le dio norma al barrio Rodríguez Torices como residencial RB, es decir máxima altura de 4 pisos. Así estuvo hasta que un decreto del orden nacional en aras de estimular, con gran sentido social, la política de Vivienda de Interés Social (VIS), y facilitar el acceso a esta, y garantizar la existencia de suelo urbanizable para su construcción, adelantó las acciones necesarias para habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos. Con dicho decreto se cambió la normativa, permitiendo pasar las alturas de 4 pisos a alturas ilimitadas, aprovechando el suelo urbanizado que cada día no solo es más costoso, sino más escaso. Así, se permitió levantar edificios en cualquier parte de territorio urbano, por supuesto dentro de ciertas lógicas, y es aquí donde el IPCC muestra su talante, y remite al Ministerio de Cultura su preocupación por el tema.

El Ministerio entonces, creo yo que tardíamente, emana la resolución 1709 del 15 de  junio de 2017 (un año después) donde modifica la resolución 043 de 1994 (reglamentación Centro Histórico), y  amplía el área de influencia, donde queda incluida la manzana donde se desarrolla el mencionado proyecto, cuando ya la constructora había adquirido en forma legal todos los permisos para su construcción. ¿Qué queda de todo este embrollo?

Primero: que la constructora tiene unos derechos adquiridos en completa legitimidad, amparados por la norma, y que si se cancela la licencia como es el deseo de todos en Cartagena, habrá que pagar unas indemnizaciones, que me imagino serán millonarias.

Segundo: que el manejo del patrimonio nuestro, tiene que ser realizado por los cartageneros, que hemos dado muestra suficiente no solo en este caso sino de siempre, de saber preservar nuestro legado de arquitectura española como ningún otro pueblo lo ha hecho, y que los bogotanos no nos pueden imponer su poco conocimiento del tema, ya que ellos destruyeron en aras del “divino progreso” todo el patrimonio de arquitectura colonial doméstica del barrio La Candelaria.

Gabriel Rodríguez Osorio

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