La corrupción, y no vengan a santiguarse moralistas de nuevo cuño y doctos en la materia por considerarlo exabrupto teórico, es un catalizador de la economía.
Igual que pueden serlo el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de divisas y el contrabando, y todas las variables conocidas como “economía subterránea” que logren operar como tales en una economía capitalista, sea cual fuere su grado de desarrollo y relaciones.
En tanto el mercado, las leyes, las instituciones, la cultura, la educación, la justicia, son parte integral del sistema, también lo es la corrupción como expresión de patologías degenerativas de sociedades que no alcanzaron a perfilar un individuo ético, capaz de resistirse a las desviaciones en el ejercicio de su condición de ciudadano al servicio del interés público.
Ni a constituir y construir un Estado, cuya mayor fortaleza derivara de unas instituciones, tanto políticas como administrativas, jurídicas y de control, blindadas al tráfico de las influencias del poder, el agente principal de la corrupción en todas las instancias de aquel.
Pero aquella fortaleza en Colombia, no ha sido siquiera característica accesoria del Estado, del mismo modo que en sus orígenes no ha prevalecido la ética que moldeó y sobre la cual se erigió el Estado europeo y consecuentemente dio en la formación de un ciudadano inmerso en los principios, valores, cultura y praxis de la transparencia, la honradez y el uso racional, eficiente y de utilidad general de los bienes públicos en función y beneficio de todos sus asociados.
El concepto y el ejercicio de la ética en la función pública en estas latitudes latinoamericanas y de modo muy particular en Colombia, apenas si es una conducta exótica; una práctica censurada y para nada efectiva aunque, formal e institucionalmente, se pregonen sus bondades y el ideario de su aplicación sea la piedra angular de la propaganda oficial.
En tanto la corrupción conviene al sistema, lo refrenda, consolida y reproduce, el Estado como construcción política y de poder del sistema, la asume como instrumento de dominación, sometimiento y subordinación del individuo a los intereses prevalecientes en su dirección y manejo, sin importarle razón ética alguna ni los graves perjuicios sociales que traen consigo la apropiación criminal de la renta, bienes y presupuestos de origen público destinados a la satisfacción de las necesidades y derechos de sus mancomunados más vulnerables.
Igual que la sociedad repudia las prácticas corruptas y clama por su erradicación, es de esperar que la economía, el aparato productivo nacional en su conjunto, asuma el imperativo de purgar este flagelo en beneficio de una economía sólida, competitiva, generadora de crecimiento y desarrollo.
Que no es mucho pedir.
*Poeta
@CristoGarciaTap
Comentarios ()