Incomprensible que ante evidencias de la crisis ecológica ‘glocal’, mayor sea la dificultad de compatibilizar la racionalidad empresarial o ciudadana con la ambiental.
Sin control la producción, el lucro desmedido o la necesidad destrozan los ecosistemas. Según IDEAM, en menos de 2 años el país transformó más de 1.000.000 ha, siendo la región Caribe la más afectada con el 8,3% del área. De los 91 ecosistemas de Colombia modificamos, -entiéndase degradado- 21.
En 2016 madereras y minería legal o ilegal, potrerización, incendios forestales, cultivos ilícitos, deforestaron 178.597 ha de bosques, y por acumulación histórica 40% de los suelos tienen erosión, la que en parte llega a la bahía por el Canal del Dique.
12 millones de compatriotas están en peligro de inundación y todos los municipios tienen algún riesgo, los de muy alto son los de las zonas de bosque basal húmedo, el existente en Bolívar.
Estas realidades muestran cuán necesario es afrontar con decisión las alertas y que lograrlo implica desclientelizar y fortalecer las instituciones públicas obligadas a desmantelar acciones ilegales y excesos.
Es que estamos ante un Estado débil que juega a varias bandas: es fiel de la balanza, regulador, promotor o ejecutor de desarrollo sostenible, pero patina ante poderosos que en nombre del “crecimiento” o el “progreso”, ignoran que lo ambiental es vital en la supervivencia de las especies y la construcción de armonías y futuros.
Pero hay conciencia y reacción social que crece: hoy se defienden los páramos porque sabemos que el agua vale más que el oro, que caño Cristales más que el petróleo, que la selva prima sobre los potreros, y los manglares y corales sobre la ambición.
La crisis se agudiza por un modelo que desregulariza y dilapida el capital natural, ignorando el calentamiento global y sus tragedias. Hasta al papa Francisco le apuesta a cambiar el sistema que “pecando contra la creación” agota los recursos y degrada los ecosistemas.
Hay que producir y transformar, es cierto, pero minimizando impactos, con responsabilidad y autocontrol, licencias viabilizadas por estudios de impacto ambiental (EIA) serios, no acomodados a los inversionistas.
Los que vivimos en el Caribe sufrimos con la degradación del ecosistema marino: contaminado, erosionado, rellenado y sobrexplotado. Ético es recordar a Silvia Earle: “sin azul, no hay verde, y sin verde no hay nosotros.”
Nuestras aguas ya no son azules, y la bahía -increpa la Procuraduría- requiere manejo especial, mayor control y vigilancia, valorar su capacidad de carga, porque estamos a punto de perderla y “convertirla en un cementerio acuático de contaminantes ambientales”.
Contrario a ello líderes de la (ir)racionalidad económica insisten en exprimirla: fracturar con un canal el arrecife de Varadero, matar habitantes del mar e irrespetando cientos de años de existencia, las colonias de coral. Entiendan que las riquezas naturales no se licencian, ¡se protegen!
*Abogado ambientalista y comunicador
rvergaran@yahoo.com
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