De las innumerables crisis que ha padecido Cartagena en su historia, la actual podría considerarse como una de las más complejas y reveladoras de la descomposición a la que llegamos como sociedad. Estamos ante la develación de una maraña de entuertos, tejidos durante décadas para impulsar el supuesto desarrollo urbano de la ciudad.
Con la tragedia por la caída del edificio de Blas de Lezo II se comenzó a destapar la existencia de todo un andamiaje perverso desde el cual se orienta el crecimiento inmobiliario local, sobre cimientos de descomposición.
Lo que bien podría llamarse “La encrucijada de los edificios”, involucra componentes de corrupción, de mezquindades, de ingenuidad, de doble moral, de oportunismos, de irracionalidad, de ausencia de autoridad, de ingobernabilidad y de injusticia, entre otros males, y lo más grave es que no parece haber solución posible, a menos que Cartagena sea declarada en “estado de demolición” y se comiencen a derrumbar uno a uno los más de 60 edificios, que según los investigadores, fueron construidos de manera irregular.
Como para que no quede la menor duda sobre la verdadera dimensión del fenómeno, las circunstancias hacen coincidir la posible orden de demolición de 16 edificios sin las licencias correspondientes, pero también la de uno construido con el aparente cumplimiento de todos los requisitos, pero en una zona donde no era permitido.
El ovillo del que comenzaron a tirar algunas autoridades es tan largo y enredado, que su extremo original se pierde en el tiempo. Todo parece indicar que buena parte del sector inmobiliario local confeccionó su propio ordenamiento de desarrollo, al margen de normas y procedimientos legales, con el acompañamiento incondicional de funcionarios en todas las instancias procedimentales.
Los 16 edificios residenciales que según estudios de la Universidad de Cartagena, no cumplen con la norma de sismorresistencia, y aquellos que ya envejecidos se les atribuye origen irregular, fueron levantados a la vista de todos con los “controles” de rigor, con las vallas informativas a que obligan las normas, con los permisos de las curadurías urbanas; la compraventa de los apartamentos fue legitimada por notarías y por la Oficina de Instrumentos públicos. Es decir, el Estado avaló las transacciones. Sorprende, por decir lo menos, que algunos funcionarios pretendan ahora reducir el asunto a un simple negocio entre particulares, o a la configuración de una estafa simple. CAMACOL parece hacer mutis por el foro.
En la encrucijada de los edificios el mayor error de la administración Distrital ha sido intentar salir de ella de manera apresurada, improvisada y carente de sindéresis, al actuar en los primeros casos en contra de las víctimas (compradores), bajo la premisa de querer salvar sus vidas.
*Asesor en comunicaciones
germandaniloh@gmail.com
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