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El acuerdo de Paz está vivo

ALCIDES ARRIETA MEZA

Por: ALCIDES ARRIETA MEZA

7 de Octubre de 2016 12:00 am

Las consecuencias sobre la victoria del No sobre el Sí, en relación con él acuerdo final para la terminación del conflicto armado, ha generado un mar de confusiones sobre las consecuencias de la decisión popular.

Estas consecuencias son de tipo jurídico y político, por ello, debemos preguntarnos en primer lugar, que fue lo que se votó en el plebiscito de las elecciones del pasado domingo. La respuesta jurídica, la encontramos en las normas constitucionales y legales que precedieron dicha convocatoria.

En efecto el acto legislativo No. 01 de 2016, se expidió para “establecer los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera”, que implicaba “de manera excepcional y transitoria poner en marcha un procedimiento legislativo especial”, lo que significa que el No, no tiene la fuerza jurídica de invalidar, ni de hacer inexistente el acuerdo.

El plebiscito se convocó para otorgarle facultades al presidente para implementar y desarrollar el acuerdo final de la terminación del conflicto armado. En consecuencia, no se votó por la existencia y validez del acuerdo, sino para determinar las facultades que se le darían al Presidente de la República para desarrollar normativamente el acuerdo.

Ahora bien, en cuanto a los efectos vinculantes de la votación popular, los encontramos en la Ley 1806 del 24 de Agosto de 2016, que consideró que el plebiscito era potestativo del presidente, de allí que los efectos del No solo son vinculantes para el jefe del Estado y no para la distintas ramas del poder público, verbigracia el Congreso, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia C- 379 de 2016.

En ese orden, y siendo que el acuerdo Gobierno FARC- EP es acuerdo especial, conforme lo estipulado en el acto legislativo del 7 de Julio de 2016, este tiene plena existencia y validez en los términos del artículo 3 de la convención de Ginebra de 1949, “que en el campo internacional y del derecho internacional humanitario hace parte del bloque de constitucionalidad, normas que deben ser aplicadas en todo tiempo”, Sentencia C- 225 de 1995.

La conclusión jurídica en mi criterio es clara, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado existe, es válido, está vivo, y su implementación y desarrollo legal por parte del Congreso, entidad para lo cual, el plebiscito no tuvo ni tiene efectos jurídicos vinculantes. Esto último es improbable que ocurra, por ello valdría la pena pensar en la refrendación directa por parte del pueblo. En tal sentido creemos viable acoger la propuesta del ex –presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes Muñoz, de convocar los cabildos abiertos en todos los municipios del país.

No obstante, consideramos que la discusión política podría tocar todos los aspectos, empero, la modificación del acuerdo especial, realizado conforme las normas internacionales, solo puede ser variada a instancias de las partes.

Esperemos entonces, que prime un deseo sincero de construir un país en paz, ojala consensuadamente, porque como lo señaló el presidente Santos, “más vale una paz imperfecta, que una guerra perfecta”. El pueblo tiene la palabra en este momento histórico y excepcional que vive Colombia.

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