ván Duque, que de ganar tendría mayorías en el Congreso, el 4 de junio reafirmó a El Tiempo que no haría “trizas el Acuerdo con las FARC, pero que por el bien del país y pensando en unir a Colombia (¿?), haría modificaciones y ajustes que permitan tener una paz creíble, sostenible, cimentada en la justicia, porque de nada sirve una paz que no deje sustentados sus pilares fundamentales”.
En la línea del ‘No’, del plebiscito, entre otras, expresó desacuerdo con que los jefes de las FARC sean congresistas y que “de ser condenados por delitos de lesa humanidad deben dejar la curul y nombrar a quienes los sustituyan”. Estimulando la división, ofreció garantías a las bases guerrilleras y “toda la generosidad en la transición para la reconciliación”.
Pese a los incumplimientos en la implementación, desconoció la reducción drástica de los delitos relacionados con el conflicto, y alborotó el fantasma de la impunidad, poniendo a priori en duda la “proporcionalidad entre la sanción y los crímenes graves cometidos” que aún no se ventilan en la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Los incomoda la Justicia Transicional instituida para buscar la verdad, valorar y reparar a las víctimas, cerrar el largo conflicto, e insisten en satanizarla como creada para favorecer a los guerrilleros, olvidando los 2.500 militares que también delinquieron y se someterán a su jurisdicción.
Obvio, como otros, Humberto de la Calle reaccionó y alertó sobre el enorme riesgo de destruir lo logrado y repitió lo que nos toca recordar: la “matriz esencial del Acuerdo es la existencia del conflicto interno, razón por la que se buscó una solución negociada y no una rendición por la vía de las armas”.
Criminalizando la política, el uribismo no pasa la página, sigue en la obsesión de retaliación, convertir el Acuerdo en una derrota humillante, lo que con las armas en 8 años Uribe no logró.
Cumplido el desarme de la insurgencia, la institucionalización y en parte la implementación, modificar lo pactado es “faltar a la palabra empeñada, lo que es un gran incentivo para que la base de esa organización regrese a las armas, o ingrese a otros grupos”.
Con su postura, Duque eliminaría de plano la participación de las Farc, y potenciaría en la sociedad odios y venganza, el instinto retributivo de la pena, negando los beneficios de la justicia restaurativa, aplicable a voluntarios terceros financiadores, a militares y guerrilleros.
Hacer lo que plantea Duque-Uribe frustra la negociación con el ELN, aviva y da continuidad a la fiebre que nos quema.
Petro opina que hay que respetar el Acuerdo e implementarlo, y va más allá: lograr una paz de la sociedad, de reformas sociales, de un gobierno pluralista que deje atrás el ayer, la violencia de dos siglos que el guerrerismo insiste en no dejar apagar.
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