Observando diferentes casos de la cotidianidad encontramos la dificultad de la mayoría de servidores públicos en hacer cumplir a la ciudadanía los mandamientos de la Constitución y leyes de la República de Colombia. Un ejemplo es la indiferencia que adoptan integrantes de la Policía Nacional y de la administración distrital de Cartagena ante violaciones a las normas de convivencia que afectan la tranquilidad y bienestar de las comunidades, convirtiendo estas acciones en costumbres aceptadas y toleradas por todos.
Encontramos normal: parquear los vehículos en los andenes, no respetar los semáforos y demás señales de tránsito, que las motos circulen después de las 11: 00 de la noche a pesar de estar prohibido, el caos de movilidad a la entrada del barrio La Esperanza, donde no se sabe cuál es el sentido en que pueden moverse los carros y motos o si es una terminal de transporte o un parqueadero de chatarras, situación que al final arriesga la vida de quienes por allí transitan. También es corriente cerrar calles, el que cualquier persona tenga en su casa un aparato de sonido encendido con alto volumen sin importar el perjuicio a sus vecinos, arrojar basura a los caños y canales, cocinar con leña y quemar basuras, construir edificaciones sin licencia, robar celulares y los homicidios a quienes se resistan a los atracos.
Ante esta realidad, el común denominador es la débil o total ausencia del ejercicio de la autoridad por los funcionarios delegados por el estado colombiano para cumplir con determinadas atribuciones de acuerdo a su cargo. Lástima que en las escuelas de formación policial o las de administración pública, ni en las universidades, no se adoctrine a los estudiantes en la importancia de ostentar la responsabilidad de velar o hacer que la población practique el ordenamiento legal como fórmula precisa para regular el comportamiento ciudadano. Por esa omisión las ciudades involucionan, hay desorden y anarquía social.
Las autoridades, para vencer la osadía, temeridad y falta de límites morales de los infractores de la ley deben tener como objetivo preservar el interés colectivo sobre el particular, aplicando la constancia en su diario actuar. Esto quiere decir que su labor no es de un día ni momento sino de jornadas permanentes hasta que se erradique la conducta perjudicial, caso contrario a lo que pasa hoy, cuando los funcionarios realizan una acción para restablecer el orden pero al día siguiente desfallecen, mientras los infractores avanzan hasta conseguir en ocasiones la confianza legítima de la justicia o la indolencia del gobierno y sociedad.
*P.U. Comunicación Social Periodismo
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