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El galeón San José (VI)

JOSÉ WILLIAM PORRAS

Por: JOSÉ WILLIAM PORRAS

9 de Agosto de 2018 12:00 am

En mi artículo “El galeón San José (V)”, publicado por El Universal el pasado 24 de julio, había prometido no escribir más sobre este tema a raíz de la decisión del gobierno de Santos de no seguir el proceso licitatorio para el recate del galeón.

Pues bien, se reactivó el proceso licitatorio, que se cerraría el 10 de agosto cuando se reciban las ofertas (solo hay una, la de Maritime Archaeology, firma constituida en enero de 2015 solo para apostarle a rescatar el Galeón, reúne a los inversionistas y trabajará a través de su subcontratista, Woods Hole Oceanographic Institution, que realizó el redescubrimiento en 2015), y si no hay otras, de todas maneras seria adjudicada a ese proponente.

La ministra de Cultura y el propio presidente Juan Manuel Santos, manifiestan que el proceso no solo es transparente, sino que será a cero costo para el Estado colombiano. Esto no solo es una falacia, sino que trata de engañar al lector que no conoce los detalles de la licitación.

Primero, que se licitaría a cero costos. Segundo, en el artículo 3,3 de la licitación, dice que se le reconocerá por “peso” del tesoro rescatado al contratista y que según el Universal 13-06-18, es el 50% del tesoro rescatado: 50 % de las 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas que se presume están en el galeón. Entonces no digan que a cero costos.

Pero si investigamos un poco más, como lo hizo la Veeduría Nacional para el control social del Patrimonio sumergido, veeduría que ya demandó nuevamente la reactivación del proceso, vemos cómo existirá un detrimento patrimonial inmenso al considerarse pagar por “peso”, sin considerar el valor numismático del tesoro, que oscila entre 15 y 20 veces su valor por peso.

Igualmente, la ley 1675 de 2013, hecha por el gobierno de Santos en el periodo pasado, no solo nefasta para conservar la unidad del patrimonio histórico, sino que permite la explotación económica de particulares y por la cual se rige esta licitación, fue hecha a la medida exacta para permitir licitaciones tipo APP (Asociaciones Público Privadas). Esta ley permite al rescatista hacer de todo con las riquezas que encuentre, menos con los cañones y balas, que seguramente dirán que sí son patrimonio histórico.

Detrás de todo este proceso y la insistencia de llevarlo a feliz término contra viento y marea, a pesar de todo el esfuerzo de unos “ciudadanos preocupados”, como lo expresó el señor presidente, cuando el 23 de julio le tocó cancelar la licitación, quedará un manto de dudas al reabrirla, al querer amarrarle las manos al próximo gobierno y que solo le deja la opción de aprobar la licitación, y en caso contrario habrá tremendas demandas contra el Estado por incumplimiento legal a la licitación, y ya sabemos que el Estado muy pocas demandas gana, por no decir ninguna.

“(...) existirá un detrimento patrimonial inmenso al considerarse pagar por “peso”, sin considerar el valor numismático del tesoro, que oscila entre 15 y 20 veces su valor por peso”.

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