En el Jarillón que protege a Cali de las crecientes del río Cauca se vive un drama humano que enfrenta intereses privados contra el interés público, es decir el bien común. Hasta ahora ganan los intereses privados, pero esto tiene que cambiar.
Construido por la CVC hace más de 50 años el Jarillón es un enorme dique de 17 km de largo y 60 metros de ancho que con el tiempo se debilitó, tanto por depredadores naturales, como la hormiga arriera, como por humanos, pues más de 8.500 familias lo invadieron con viviendas, cultivos, iglesias y hasta proyectos productivos.
Su eventual ruptura es el riesgo ambiental más grande no solo de Cali sino del país: las aguas del Cauca inundarían toda la zona oriental de la ciudad afectado a 900.000 personas que podrían perderlo todo, hasta la vida. Además la inundación afectaría las plantas de tratamiento del acueducto y el 75% de la ciudad se quedaría sin agua potable; un desastre 50 veces mayor al de Mocoa.
Ante esta amenaza el Gobierno nacional desde hace 5 años destinó cerca de $900.000 millones para reforzar el Jarillón; el gobierno municipal y la CVC también apropiaron recursos para este proyecto prioritario para la ciudad. Pero avanza muy lento, sobre todo por las dificultades para desalojar y reubicar las familias invasoras que se oponen a salir y cuentan con la pasividad de funcionarios de la anterior administración municipal y con la complicidad de políticos oportunistas que encontraron en defender estos habitantes una posibilidad de votos. Por eso menos de 2.000 familias han sido reubicadas e incluso algunas volvieron al Jarilllón.
La naturaleza sí ayuda, y con el susto de las pequeñas inundaciones del último invierno y la decisión política de la alcaldía se aceleró un poco el proceso.
El drama humano es enorme: la mayoría de los invasores son víctimas por partida doble: fueron desplazados de sus tierras por el conflicto armado para caer en manos de estafadores que les vendieron lotes ilegales y de políticos clientelistas que les ofrecieron legalizarlos y dotarlos de servicios públicos a cambio de votos.
A pesar del origen ilegal de sus “propiedades”, estos habitantes, sobe todo cuando son víctimas, tienen todo el derecho a una vivienda digna y el Estado tiene la obligación de entregársela, así se interprete como cohonestar las invasiones y haya el riesgo de incentivarlas. Así se ha entendido y la mayor parte de los recursos apropiados para el proyecto del Jarillón son para construir viviendas para quienes serán reubicados.
Pero no se puede aceptar que esos indiscutibles derechos privados prevalezcan sobre el interés público y el bien común y que intereses electoreros arriesguen a toda una ciudad en peligro de inundarse. Ahora que amainaron las lluvias el municipio debe acelerar la reubicación y el reforzar el dique, o que el próximo invierno nos coja confesados.
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ADENDA: Con su doble moral, los congresistas del CD critican que el presidente impulsara escoger a Diana Fajardo, una magistrada liberal y progresista, para la Corte Constitucional, pero al tiempo defienden que la derecha sí promueva y haga campaña por candidatos reaccionarios.
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