Una “chambonada”, dijo Sergio Jaramillo al referirse al decreto 903 sobre los bienes y dineros de las Farc. Rafael Pardo le respondió que la chambonada era decir que era una chambonada. Pardo no miente: el decreto no es una mera metida de pata. Es una decisión consciente y constituye la mayor operación de lavado de activos de la historia colombiana.
Primero, ningún decreto del Gobierno sobre el acuerdo es expedido sin el visto bueno de las Farc. Ese cogobierno se ejecuta por vía de la famosa CSIVI, donde las Farc tienen el mismo peso que el Gobierno y pueden vetar las propuestas gubernamentales. Si el CSIVI estudia todo lo relacionados con el acuerdo, con mayor razón debió estudiar a fondo este que toca la fortuna de la guerrilla. Que las Farc y el Gobierno tenían claro el contenido y las consecuencias de ese Decreto lo confirmó Jairo Estrada, vocero de las Farc en el Congreso, en un programa de TV en que lo debatimos.
Segundo, en las reuniones tras el triunfo del No en el plebiscito le dijimos al Gobierno que era indispensable establecer la obligación para las Farc de entregar todos sus bienes y dineros ilícitos y que era urgente ponerle dientes a esa obligación sancionando con la pérdida de todos los beneficios jurídicos, políticos y económicos a aquel guerrillero que oculte o no entregue esos bienes y dineros. El Gobierno no quiso poner tal sanción.
Tercero, no hay tampoco sanción penal para quien los oculte o no entregue. Si es un guerrillero sujeto de amnistía, porque esa conducta ha quedado amnistiada. Si es de los que debe ir a la JEP, porque en ella solo debe reconocer los delitos que se le imputen para acceder a las “sanciones” de esa jurisdicción. Si en el mejor de los casos lo señalan de ocultar o no entregar bienes y dineros, solo tendrá que reconocer esa conducta para acceder a la “pena alternativa”.
Cuarto, además de los incentivos perversos señalados para que se oculten y no entreguen los bienes y dineros ilícitos, el Decreto da un paso más: crea un patrimonio autónomo con lo que sí se entregue y establece que se destinarán, además de para las víctimas, para el centro de pensamiento de las Farc y para sus actividades después de desmovilizadas. Es decir, tras el Decreto las Farc podrán acceder y usar legalmente su fortuna ilícita.
En otras palabras, se limpia la fortuna de las Farc y se permite que ellas la usen para sus actividades políticas y económicas. Convierte los bienes y dineros resultado del secuestro, la extorsión, el despojo de tierras y ganados, el narcotráfico y la minería ilegal, en una gigantesca fortuna legalizada a disposición de los criminales. Sí, ese decreto es la concreción de una monumental operación de lavado que empezó en las negociaciones, se concertó en el acuerdo y se concreta ahora.
El Fiscal lo dice ahora. Nosotros lo habíamos advertido antes: es ética y jurídicamente intolerable que las Farc puedan disfrutar, de cualquier manera y con cualquier propósito, de un solo peso de su fortuna criminal.
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