El deterioro de la seguridad, en todas sus facetas, alarma. Por un lado, los grupos terroristas despliegan sus acciones a lo largo y ancho del territorio nacional. El Eln hace sangrientos ataques terroristas en ciudades sin tradición de grupos guerrilleros, como Barranquilla y Soledad, con la certeza plena de que con el pretexto de “la paz” más temprano que tarde el Gobierno dejará en la impunidad sus crímenes. Las “disidencias” de las Farc asesinan policías y extorsionan en los llanos, en la Orinoquía y en la Costa Caribe. Y ambas guerrillas, más las bandas criminales, inundan de coca el país.
Por el otro lado, la delincuencia común es cada día más violenta y sofisticada. Bandas especializadas roban celulares, relojes, bicicletas y carros de alta gama y blindados, y asaltan taxis, viviendas, bancos y transportadoras de valores, cada día con más crueldad y sangre. Y los depredadores sexuales se pasean orondos entre nuestros niños y jóvenes.
Al mismo tiempo, grupos indígenas invaden fincas, destruyen cultivos, bloquean carreteras, cobran peajes y maltratan a las autoridades con la respuesta timorata de la Fiscalía, el silencio cómplice de los jueces y la equívoca interpretación de los derechos indígenas por parte de la Constitucional.
Mientras tanto, el sistema judicial libera a los delincuentes, en ocasiones aun cuando son capturados en flagrancia, y la reincidencia no tiene mayor efecto judicial.
Para rematar, las Fuerzas Militares están en una crisis que va desde un distanciamiento de sus bases frente a las cúpulas, hasta el recorte presupuestal, el debilitamiento de sus capacidades operativas y de inteligencia, y la ausencia total de moral de combate.
Como resultado, las organizaciones criminales están muy fuertes y muy ricas, el Estado no tiene capacidad de combatirlas con eficacia, y a los ciudadanos de pie nos crece el miedo bajo la piel y vivimos en una creciente sensación de inseguridad.
Los hechos confirman que, primero, eran válidas las advertencias de que la impunidad y el mar de coca, resultado del pacto con las Farc, traerían más violencia, y que, además, fue un grave error desmantelar las capacidades de la Fuerza Pública y minar su liderazgo. La ausencia de sanción efectiva para los más graves crímenes y el premio al violento, a quien se le trata mejor que al ciudadano que nunca he delinquido, son semillas de nuevas violencias.
Por todo ello, y contrario a lo previsible, la violencia política y los asuntos de la seguridad urbana y rural volvieron a la agenda pública y serán objeto del debate electoral y de la preocupación ciudadana al escoger entre los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. En teoría, los candidatos de “derecha” y de “centro derecha” deberían salir fortalecidos, si construyen un discurso contundente y coherente, y si consiguen que los grandes medios de comunicación lo divulguen. Y también debería tener ventaja el Centro Democrático que, desde siempre, ha tenido en este asunto su bandera.
*Abogado y analista político
Rafael Nieto Loaiza*
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