Una bomba, tres muertos y un salto al pasado. Pero peor ahora que antes. La intención de dañar a los civiles es inocultable y también la de sembrar pánico. Dejar el explosivo en el baño de mujeres quería afectarlas a ellas y a los niños que las acompañan. También se ve la intención de castigar la economía, ya golpeada por la espantosa gestión de Santos: un día antes del día de padre, en hora pico, en el centro comercial más exclusivo. El mensaje es que nadie estará seguro. Los centros comerciales también prosperaron en Colombia por su sensación de seguridad.
Es imposible evitar todos los actos terroristas. Es fácil esconder un explosivo y estallarlo en casi cualquier lado. Pero el del Centro Andino es el séptimo atentado en Bogotá en el año, con cuatro muertos y cuarenta y cinco heridos. La Fuerza Pública perdió su capacidad de prevenir estos actos y de capturar a sus responsables. La inteligencia está golpeada una y otra vez en su estructura, con remoción permanente de sus mandos y, sospecho, con el foco en otras tareas.
El atentado dividió aún más una sociedad muy polarizada. Hubo cruce de recriminaciones y descalificaciones. Otra de las terribles herencias de Santos es romper el consenso social y político de enfrentar a los violentos y cómo hacerlo. Ahora no se señalan a los terroristas sino a los civiles inocentes que osan criticar.
No se quiere discutir si el acuerdo con las Farc es un incentivo, no querido pero no por ello menos cierto, para el terrorismo. Apenas días antes quedó libre el responsable directo de la bomba de El Nogal, sin poner en marcha la justicia especial de “paz”. El Paisa, cerebro del crimen, ni siquiera pasó por la cárcel.
No dudo que los responsables directos del crimen son los que pusieron la bomba y que todos debemos repudiarlos, ¿pero es insensato pensar y decir que la no sanción real para los terroristas de las Farc incentiva a otros a cometer iguales crímenes? Si está suelto el del Nogal, pensarán, también lo estarán ellos, a pesar de sus delitos, si es que los capturan.
Una cosa es unirse contra el terrorismo, y otra distinta pedir silencio ante la mala gestión gubernamental en su contra. No es prudente ni conveniente para el futuro de Colombia cerrar los espacios para criticar esa gestión. No hay fisuras cuando se trata de combatir a los violentos, las divisiones las hay porque el Gobierno, primero, no lucha contra ellos; y, luego, nos acusa a los contradictores de enemigos de la paz y guerreristas, entre otras cosas. Allá ellos con su conciencia. Pero que no nos pidan claudicar también.
La acusación de aprovechar políticamente el terrorismo es torva y torpe. Quienes se montaron electoralmente en la violencia y el proceso de paz fueron Santos, las Farc y sus compinches; fue su bandera de campaña en el 2014.
Los que creemos que hay gravísimos errores y consecuencias para la democracia, la Constitución, el estado de derecho, la seguridad, y el bienestar social y económico del país, tenemos la obligación ética, política y social, de decirlo en voz alta y clara. Aquí y afuera. No callaremos. Denunciaremos las concesiones perversas, los errores, las fallas del proceso y la situación trágica de nuestras fuerzas de seguridad.
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