Los cuarenta años de la dictadura de Francisco Franco, además de autoritaria y sangrienta, ocasionó el éxodo de miles de españoles. Después de la muerte de Franco, el rey Juan Carlos designó a Adolfo Suárez para liderar el Gobierno, y este, mediante la Ley de Reforma Política, produjo el desmantelamiento de las instituciones franquistas, amnistió a los presos políticos y facilitó que los partidos se organizaran: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el de derecha, Partido Popular (P.P.), e incluso hubo la legalización del Partido Comunista, liderado por Santiago Carrillo. El régimen parlamentario español ha permitido distintos gobiernos: los socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero; y los de los derechistas del P.P., José María Aznar y Mariano J. Rajoy. Este último fue destituido al comprobarse la corrupción en todos los niveles sin que el jefe de gobierno intentara corregirla.
En consecuencia, Pedro Sánchez, del PSOE, promovió una moción de censura, apoyado por Pablo Iglesias, de Podemos, la Izquierda Unida y el Partido Nacional Vasco (PNV). En el Parlamento la moción de censura fue aprobada y envió al ostracismo a un gobernante insensible a la crisis de su país, adobada de corrupción en los últimos años.
El nuevo presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pertenece a las nuevas generaciones del PSOE, atrás quedaron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez tiene afinidades ideológicas con Pablo Iglesias (Podemos), que fue de los abanderados de la reacción contra ese estado de corrupción del régimen de Mariano J. Rajoy.
Es destacable comprobar cómo funciona el Parlamento español, con seriedad, dignidad y sin ausentismo de sus parlamentarios. Es envidiable si se compara con los aquelarres frecuentes en el Congreso colombiano, donde ocurren toda clase de trapisondas, inclusive la de retirarse del recinto para obstaculizar los debates. Acá los senadores y representantes sin ningún escrúpulo abandonan las sesiones para no votar. Sin embargo, los organismos de control no actúan y no hay sanción posible.
Notícula: Muy oportuno que el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, haya llamado la atención sobre el peligro que se cierne sobre las poblaciones del sur del Departamento, debido a la inseguridad que genera la represa de Ituango. El Gobierno nacional debe definir la conducta en esta difícil situación y no dejar que se impongan los intereses de los contratistas. No es justo aceptar la destrucción y la muerte de muchos habitantes de la región.
La situación de la represa no es sostenible, basándonos en los informes técnicos que logran filtrarse a pesar del hermetismo de los interesados. ¿No será ya hora de aplicarle la eutanasia a Ituango, antes de que sus convulsiones ocasionen la tragedia?
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