Desde hace una década la costa Caribe ha expresado su indignación al gobierno central por el pésimo servicio de Electricaribe; no existe empresa de servicio público en Colombia que acumule más quejas que esta, pero nada ha valido para que el gobierno de Santos escuche dicha protesta. Por el contrario, su actitud de alcahuetería la llena de regalos con el incremento exagerado de las tarifas, hasta el punto de que en 2015 va en el 25,88%.
El “Fenómeno del Niño” agudizó el problema. Aunque el gobierno lo niegue hoy estamos ante la posibilidad de un apagón y se puso en evidencia que algunas termoeléctricas se feriaron más de 7.000 millones de dólares que pagamos los colombianos en el Cargo de confiabilidad para no repetir los apagones de principios del 90. Así mismo el gas que consumimos en la Costa es 40% más caro al del interior, existiendo en esta región los campos de Chuchupa y Ballena. La crisis es de tal tamaño que la industria y el comercio de Cartagena no tienen garantizado el suministro del gas para funcionar a partir de hoy.
De otra parte, en transporte soplan vientos terribles. Hace más de un mes, en una de las sesiones del concejo, le solicité al alcalde de Cartagena no iniciar ni la etapa pedagógica de Transcaribe por falta de chatarrización, semaforización y señalización, además de que la ciudad tiene un parque automotor creciente que del 2012 al 2014 pasó de 73.423 a 96.905, quedando 50% de la avenida Pedro de Heredia de uso exclusivo de Transcaribe y 90% de los pasajeros andan por esa troncal.
Este modelo de transporte está concebido sobre la base de chatarrizar los buses y busetas, pero el alcalde de manera improvisada e irresponsable decide que funcione dejando intactos los 1.600 buses, para que transiten junto a decenas de miles de vehículos por el otro 50% de la avenida Pedro de Heredia, acarreando trancones y padecimientos a los cartageneros. Eso que el cierre es solo desde la avenida Mompox. ¿Cómo será el colapso y los traumas cuando el recorrido sea desde el patio portal?
Si no hay chatarrización a la fecha, los responsables son los operadores, porque en el contrato está establecido que a los 90 días de su firma tenían la obligación de crear la fiducia para el Fondo de chatarrización y desintegrar los buses y solamente la vinieron a crear 10 meses después. Pregunto ¿por qué el alcalde Vélez permitió ese incumplimiento y hoy la ciudad no puede tener funcionando normalmente a Transcaribe?
Adenda: se terminó el mandato del alcalde Vélez y la ciudad se quedó sin saber qué pasará con el mercado de Bazurto. El mandato de la justicia para trasladarlo vence en febrero de 2016.
DAVID MÚNERA CAVADÍA
clamuro13@gmail.com
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