La dinámica social no conoce el beneficio de inventario. Se desliza con el oro y la escoria que arrastran los ejes de su carreta. Los sociólogos se desgañitan predicando esa realidad y sugiriendo soluciones. Pero entre nosotros los tentáculos del imparable trasegar cotidiano superan, con pasmosa frecuencia, la capacidad gerencial de presidentes, gobernadores y alcaldes.
El desarrollo industrial y turístico del paraíso que fue Cartagena nos llegó cuando los desequilibrios entre las clases afectaban su paz inveterada y en que surgían conflictos que propiciaban invasiones, afincaban cinturones de miseria y le inyectaban violencia, robos y alteraciones del orden a su discurrir. En una palabra, se extendía el margen de inseguridad que arrancó en los estratos bajos y pasó después a los altos. Nos deprimen las noticias sobre la peste de homicidios, enfrentamientos entre pandillas y muertes por intolerancia con que nos acostamos y nos levantamos.
No sé por iniciativa de quién, pero alienta que la reunión del nuevo comandante de la Policía Metropolitana con los concejales sirviera para que el coronel Ramírez y sus anfitriones coincidieran en que Cartagena urge una política de seguridad, no limitada a la acuciosidad policiva con el pillo callejero, el fletero y el carterista, pues la tranquilidad ciudadana obliga a que varias agencias del Estado se junten para garantizarla y sostenerla.
Sin elaborar, coordinar y aplicar un derrotero preciso contra la inseguridad, el blindaje contra el crimen que preocupa a los concejales resultaría inconsistente si los fiscales y los jueces no cumplen su cuota después que la Policía entrega los infractores. Allí comienza el laberinto de la impunidad que la burocracia justifica con el hacinamiento carcelario o con las omisiones de la política criminal.
Una política de seguridad, por sí misma y por impecable que nos quede teóricamente, requiere el complemento práctico de una política social que reivindique a Cartagena y a sus dirigentes con el pueblo que oye hablar de las inversiones en educación y salud, y ve en las escuelas y las clínicas recursos físicos, pero no calidad en la enseñanza ni eficiencia en prevenir y curar enfermedades.
Con sólo volúmenes de inversión en infraestructura educativa y sanitaria, sin estudiantes preparados y enfermos bien atendidos, sin más empleo formal y sin mayor protección a la infancia, persistirán los contrastes entre la dos Cartagenas, si es que no se ahondan más. Para estos objetivos serían valiosísimos los $7.200. millones cuyo pago se autorizó sin certificado de disponibilidad, por honorarios dizque dejados de pagar a ex concejales y concejales. Como hay un asomito de Justicia, téngalos presentes el Concejo para la próxima reunión con el coronel Ramírez.
Enhorabuena.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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