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Fotomultas: ¿Extorsión o robo descarado?

ALCIDES ARRIETA MEZA

Por: ALCIDES ARRIETA MEZA

16 de Septiembre de 2016 12:00 am

En varias ciudades del país, hay un asaltante, se llama detección electrónica. Este agente de tránsito virtual está aliado con contratistas y autoridades de tránsito, que tienen la misión de sacarle, casi a mano armada, el dinero del bolsillo o de las cuentas bancarias a los propietarios y conductores de los vehículos que transitan por ciertas zonas en varios municipios del territorio nacional.

El ladrón, alias detección electrónica, en algunos casos se esconde estratégicamente en carreteras, calles, avenidas de tráfico masivo, en forma sorpresiva aparece, toma una fotografía, que se convierte en el primer paso o iter criminis, para ejecutar varios delitos.

El crimen parece perfecto, esto porque la Ley autoriza la colocación de dispositivos electrónicos para la regulación y la preservación de la vida. Se nos dirá que estos siniestros personajes escogieron el interés general como forma del ejercicio del gobierno y buscan la prevención de la accidentalidad.

No, estas redes contractuales encontraron, con la colaboración de algunas autoridades públicas, un disfraz legal para enriquecerse ilícitamente, esto por cuanto la sustitución de la autoridad en materia de tránsito está prohibida, como también lo está, el cobro de impuestos, tasas y contribuciones por particulares. Las multas, si bien tienen características distintas a los tributos, hacen parte de la propiedad Estatal, y por tanto serían objeto de la misma prohibición, es decir, no pueden entrar al bolsillo de los particulares.

No obstante, las mafias de las fotomultas han habilitado a alias “detección electrónica”. Este cumple su papel al pie de la letra, una vez que identifica a su víctima, las entrega a estas redes, que son los concesionarios y autoridades de tránsito para que mediante una actuación, que se llama proceso administrativo sancionatorio, paguen la extorsiva multa.

El ciudadano queda así en manos de estos actores públicos y privados que se encargan de perfeccionar la acción delictiva. Estos señores que se encuentran en esas oficinas, se sienten superpoderosos, además, en muchas ocasiones, son mal educados, altaneros y soberbios. Estos al parecer tienen la misión de molestar a su víctima, haciéndole la vida imposible, para que acepte la extorsión voluntariamente.

Las autoridades públicas, dirigidas por los propietarios de las fotomultas, en muchos casos hacen y deshacen, para ellos no existe el Estado de derecho, el debido proceso, la proscripción de la responsabilidad objetiva, ni el respeto a la dignidad humana. Todas las violaciones las hacen en nombre y en razón del Dios Dinero, su único interés.

El diseño extorsivo ha sido elaborado fría e inescrupulosamente, tiene toda la apariencia de legalidad. Ellos, los amos y señores de las fotomultas, se amparan en que tanto el proceso sancionatorio como el de jurisdicción coactiva, lo realizan ellos mismos con las secretarías de tránsito, es decir, son juez y parte, van a la fija.

Las actuaciones mediante los cuales se legalizan estos actos, son una verdadera tortura para los ciudadanos, debido a los tiempos del procedimiento administrativo, que requiere además, experticias jurídicas que no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos, que prefieren pagar el 50 % de la multa a someterse a una actuación tormentosa, y menos demandar la sanción ante la jurisdicción administrativa. En ese orden, oponerse a una fotomulta es casi MISIÓN IMPOSIBLE.

El fraude a la Ley en esas condiciones resulta inmejorable, porque en caso que no pagues, producto de la sanción, podrás ser embargado inmediatamente. Otra vez aparece el Yo con Yo, el contratista, que con la complicidad oficial, es juez y parte, es el dueño del proceso de jurisdicción coactiva, es el titular de unos abusos que lo enriquecen.

Las soluciones no son fáciles. En el entretanto, la ciudadanía debe defender sus derechos. Los organismos control y las veedurías ciudadanas deberían actuar, es urgente.

 

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