Los ciudadanos tienen derechos; los gobiernos, deberes, según las constituciones en Estados de derecho. En Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, el orden está invertido. Allí en vez de administrar el Estado, se creen su dueño. Abusan y disponen de la libertad de sus ciudadanos, cómo en las dictaduras militares o el régimen de los Castro.
Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, tarde o temprano rendirán cuentas, aunque protegidos por un blindaje propio, gobiernan autoritarios y con el culto al personalismo. De ahí los textos escolares con dibujitos donde Cristina es sinónimo de Estado o que Maduro, juez, encarcele para siempre a Leopoldo López.
Quienes se creen predestinados, buscan poder continuo. Morales, en su tercer mandato, busca reelección eterna. Correa lo hará en diciembre con reforma constitucional. En su pensamiento redentor de únicos “elegidos”, detestan que justicia, partidos y medios les cuestionen y se empecinan en crear controles. Correa quiere rango constitucional para una propuesta que parece inofensiva: que la información sea bien público, como el agua, electricidad o salud, para administrarla el Estado. Así limitará, restringirá o censurará la información, como en estos días: para evitar “alarmismos innecesarios”, prohibió seguir la erupción del volcán Cotopaxi. Correa detesta la información libre y cercena las críticas desde su primer día al mando, más eficiente luego de sancionar la Ley de Comunicación hace dos años. Controla contenidos y sanciona a medios, periodistas e internautas.
Prueba su autoritarismo haber creado la ley y se adjudicó la función de juez. Con órganos de control dependiendo del Poder Ejecutivo, administra la ley según sus intereses. Su parcialidad como juez es evidente. Solo una de 161 sanciones fue contra medios estatales. Varios medios libres, ante las sanciones y multas millonarias, cerraron. La ley nació para “democratizar” la comunicación, pero es autoritarismo, e invocada para detener las críticas o investigaciones de corrupción.
Como en Bolivia, donde Morales cerró decenas de organizaciones por “desestabilizar” al gobierno, Correa arremetió contra Fundamedios, una ONG que defiende la libertad de prensa y a los periodistas, por el “delito” de publicar un par de blogs críticos a su gestión. La Ley de Comunicación le da a Correa la coartada perfecta para silenciar, pero sus ataques cuestan cada vez más ante la comunidad internacional. Veinte organizaciones convocadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios en el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”, acusaron a Correa de violentar las libertades de expresión y de asociación, y divulgarán sus atropellos entre inversores extranjeros y organismos multilaterales, para que condicionen su asistencia al respeto de los derechos humanos.
Las primeras réplicas fueron rápidas. Cinco defensorías de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron restricciones de Correa, reclamándole tolerancia y no disolver Fundamedios.
Estas acciones recuerdan que la democracia no la sustenta solo las elecciones, sino la separación de poderes, rendir cuentas, respetar los derechos de las minorías y, que los gobiernos no se crean dueños del Estado.
...Correa arremetió contra Fundamedios, una ONG que defiende la libertad de prensa y a los periodistas, por el “delito” de publicar un par de blogs críticos a su gestión.
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