Bastó que Petro aplicara dos o tres artículos de la Constitución Política y las decisiones de las Corte Constitucional para que poderosos intereses económicos promovieran su linchamiento, revocatoria del mandato, denuncias penales, disciplinarias, fiscales, controles de advertencias, intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la alta consejera presidencial y descalificaciones de medios masivos de comunicación.Era de esperarse la oposición contra el gobierno de Gustavo Petro, ella representa el derecho al disenso en el libre juego democrático, el cual legítimamente debe y puede ser ejercido por los grupos, movimientos políticos, personas, organizaciones, con la fuerza de la crítica civilizada, pero lo que está pasando no es ejemplo de ello, el espectáculo que estamos presenciando no es oposición, si no la perversa intención de destruir de cualquier manera a un gobierno alternativo, al cual se le dispara, muchas veces sin pudor y sin ética desde todos los flancos.
Petro representa, lo sabemos, una postura ideológica distinta a las tradicionales plasmadas en la Constitución del 1991, cuyo contenido dialéctico da fe de la diversidad política asentada en la Asamblea Constituyente de ese entonces, del cual hizo parte.
El Alcalde de Bogotá, hace parte de la nueva izquierda, de la izquierda democrática, esta que reivindica los acuerdos logrados, consecuencia de un proceso de paz, que aprobó el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, que en uno de cuyos apartes ordena :“Los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, por comunidades organizadas o por los particulares..”.
Resulta entonces que cuando Gustavo Petro, en cumplimiento de las sentencias T- 724 de 2003, el auto 268 de 2010 y el 275 de 2011 de la Corte Constitucional, luego del vencimiento de los contratos de aseo, negocio dominado por cuatro poderosas empresas, solo está cumpliendo la Constitución Política que ordena que los servicios públicos podrán ser prestados en primer lugar por el Estado, léase Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la comunidad organizada, léase recicladores.
La Bogotá humana, bandera programática del gobierno de Petro, no solo cumple la Constitución Política, sino que comienza a practicar un concepto ético y democrático para la búsqueda de la justicia social, cual es la equidad económica y financiera, que implica redistribución del ingreso, en el marco del Estado Social de Derecho, en la concreción de la justicia material, léase equidad, igualdad material.
La decisión gubernamental de Petro toca intereses oligopólicos, toca a un pequeñísimo número de empresarios, cuatro, que han venido controlando el mercado y han capturado al Estado, estos son los dueños de los negocios, facilitadores de la concentración y acumulación del ingreso, llamada “libre competencia. “
Los poderosos intereses económicos tienen defensores, inclusive desde el Estado, desde algunos medios de comunicación, muchos de estos que promueven el linchamiento jurídico, mediático, del gobierno progresista elegido por los bogotanos.
Es preciso solicitarles a estos grupos que dejen gobernar a Petro y su equipo de gobierno, pues su linchamiento no es el mejor mensaje de una sociedad que se dice democrática y mucho menos intentando legitimar sus intereses, provocando la intervención de los organismos de control, en busca de la suspensión, destitución y encarcelamiento del mandatario.
Abogado y Profesor universitario
Alcidesarrieta77@yahoo.es
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