Gobierno, Altas Cortes y Congreso insisten en seguir proponiendo reformas a la justicia por la vía legislativa ordinaria, pese a los fracasos obtenidos en el pasado. Las propuestas hechas, v. gr, sobre la creación del Tribunal o Comisión de Aforados, para sustituir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no han sido suficientemente ponderadas jurídicamente porque han sido concebidas dentro de un ambiente pugnaz de confrontaciones partidistas.
Valga citar, por ejemplo, el artículo sobre inviolabilidad de los magistrados del nuevo alto tribunal que se propone y el cual se aplicaría para blindar el contenido de sus sentencias, bajo la ficción de la infalibilidad, atributo que solo se les otorgaba a los dioses del Olimpo “quienes ejercían la vigilancia sobre el mundo” y no podían equivocarse: en el imaginario griego o romano, por supuesto, porque en el nuestro, los jueces endiosados sí se equivocan, sí pueden cometer prevaricatos o errores judiciales, en detrimento de los derechos fundamentales de los mortales colombianos.
¿Y por qué se dan tal clase de ocurrencias? Porque nuestros legisladores no se llaman Darío Echandía, o Jorge Soto del Corral, ni Gerardo Molina, Augusto Espinosa Valderrama, Enrique Pardo Parra, Carlos Restrepo Piedrahita, Miguel Escobar Méndez, Raimundo Emiliani Román, Jaime Angulo Bossa, Alfredo Araujo Grau, y otros de talante semejante, quienes se ganaron, por su prudencia y sabiduría, la confianza de sus compatriotas para proponer enmiendas a nuestra Constitución Política, sin hacerlo jamás a nombre de intereses creados, como sucede, por desgracia, por estas épocas de grave desorden político y moral.
Que no sean “los mismos con las mismas” quienes deban encargarse de redactar, por ejemplo, el gran proyecto de reforma a la justicia. No pueden ser las camarillas políticas y judiciales que lo han hecho en el pasado, porque esos grupos, con intereses creados, solo harían una réplica – acaso empeorada –en cuanto a privilegios, como el de la inviolabilidad concebida para el Tribunal de Aforados y los que están en el tintero para que ya no puedan ser revisadas por la Corte Constitucional las sentencias de las otras altas cortes, a través del control de constitucionalidad por vía de tutela, así sean esperpentos jurídicos como algunas que hemos leído y que merecían ser revocadas o anuladas por la CC.
Mi eminente condiscípulo de la Facultad Nacional de Derecho, doctor Rito Galvis Castellanos, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, cree que el grupo redactor de la reforma judicial debe estar conformado por representantes de las diez mejores universidades del País, hombres probos y sin intereses creados.
*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.
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